La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, rechazó la interceptación telefónica ilegal y dijo que en el Perú «no se debe permitir», por constituirse en flagrante violación de un derecho fundamental. Así, saludó la captura y detención de seis presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la interceptación telefónica a través de una empresa particular.
En ese sentido, la funcionaria felicitó la actuación de la fiscal de la Nación, “lo cual es una muestra de que cuando las instituciones son dirigidas de manera ética, coherente, firme y dentro de la ley, los ciudadanos empezamos a sentir que los corruptos terminan en la cárcel».
Igualmente, recalcó que en la medida en que la Policía Nacional y el Ministerio Público adopten acciones firmes y coherentes para luchar activamente contra la corrupción, éstas «deben ser respaldadas».
Por otro lado, indicó que la Defensoría no puede pronunciarse sobre la responsabilidad o inocencia de los implicados, para lo cual debe dejarse que dichas instituciones hagan su trabajo. Agregó que su despacho analizará la propuesta de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, para incrementar las sanciones penales para quienes realicen estos ilícitos.
No obstante, consideró en Ideeleradio que antes de plantear nuevas penas, el Estado tiene que funcionar en todos sus niveles adecuadamente, a través de sus servicios de inteligencia, investigaciones, Fiscalía y la propia Policía.
Recordó que las comunicaciones son inviolables, y sólo pueden ser intervenidas previo mandato judicial y con las garantías que precisa la ley.