El Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Tambopata resolvió declarar reos contumaces al presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Antonio Iviche, y a su esposa, Elisa Saavedra, por no presentarse a la lectura de sentencia por el proceso penal que se les siguió luego de que cometieran el delito de alteración del ambiente en agravio del Estado.
Además de Iviche, también se encuentran en condición de reos contumaces Elisa Saavedra Viaeja (su esposa), Ricardo Yojaje Shanacua, y César Augusto Yojaje Equiney, los otros hombres con los que trabajaba en los alrededores de la reserva natural mencionada.
A mediados del 2008, el dirigente nativo fue encontrado por los inspectores de la Reserva Nacional de Tambopata “con las manos en el oro” en la zona de la quebrada de Palma Real Chico, incluida en la zona de amortiguamiento de la reserva.
En ese momento, lo más sorprendente no fue encontrar un motor de 20 caballos de fuerza y una manguera de succión en el lugar. Lo que más intrigó a los inspectores fue encontrar, en los alrededores de un rústico campamento, a Antonio Iviche, presidente de la Fenamad, una organización bastante representativa para los indígenas de esta parte de la Amazonía.
Al momento de la intervención —según consta en el informe que elaboró Juan Carlos Fuentes, entonces jefe de la Reserva Nacional de Tambopata—, los tres dijeron que se encontraban dentro de la concesión minera de Elisa Saavedra Viaeja, esposa de Iviche. Lo cierto es que ella sí tiene una concesión, pero en otra zona.
Quieren evitar prescripción
El procurador público del Ministerio del Ambiente, Renato Morales Carpio, solicitó al juzgado mencionado que adopte los mecanismos de celeridad procesal correspondientes a fin de evitar futuras prescripciones por no haberse dictado la sentencia por falta de juzgamiento oportuno y diligente.
Iviche, su esposa y los otros dos hombres, todos acusados por la depredación de flora y fauna legalmente protegidas, no se presentaron a la lectura de sentencia programada para el último 6 de julio por el juez Mario Orcosupa Paúcar, quien ante esta situación ordenó la ubicación y captura de los cuatro acusados.
Para ello, ya se cursaron las comunicaciones respectivas a la Oficina de Registro Central de Requisitorias a nivel nacional.
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