Gracias a la colaboración del Ministerio Público, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declaró procedente la solicitud de Extradición (Activa), en contra del ciudadano argentino Mauro Nicolás Fernández, activista de Greenpeace, como presunto autor de delito contra el Patrimonio Cultural, en la modalidad típica de Atentado contra monumentos arqueológicos, específicamente por haber ocasionado daños en las Líneas de Nasca.
La Resolución Consultiva, también ordena que se remita el cuaderno de Extradición al Ministerio de Justicia por intermedio de la Presidencia del Poder Judicial, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, informó el Ministerio Público a INFOREGIÓN.
El requerimiento se sustentó, en que el pedido de Extradición cumple con las exigencias del Tratado suscrito entre la República Argentina y Perú, porque el delito imputado es de naturaleza común, se cumple con el principio de la doble incriminación, éste no ha prescrito y que el juzgamiento se hará en la justicia ordinaria.
Entre las pruebas, están diversas pericias, un video y declaraciones de Víctor Acevedo Reátegui, Herbert Augusto Villarraga Salgado (periodista de la Agencia Reuters) y de Rodrigo Miguel Abd (periodista de la Agencia Associated Press), quienes incriminan a Nicolás Fernández en la remoción de la superficie de la figura del Colibrí de las Líneas de Nasca, perpetrado el 8 de diciembre de 2014.
Como se recuerda, el Ministerio Público transmitió de manera inmediata al Poder Judicial, la comunicación recibida a través de Interpol-Lima, que daba cuenta de la ubicación del ciudadano Mauro Nicolás Fernández en la República Argentina, y de las medidas restrictivas dispuestas por el juez Sebastián Casanello, luego de su detención, a mérito de la orden de captura internacional.
La comunicación fue enviada por el Fiscal Superior Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, a cargo de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.
La detención del ciudadano argentino fue a mérito de la orden de captura internacional dispuesta por el Juez peruano a pedido de la fiscal Patricia Begazo Villanueva, del Despacho de Decisión Temprana de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca.