La Defensoría del Pueblo informó que la sola presentación de la Declaración de Compromiso no faculta a los mineros ilegales a desarrollar sus actividades durante el plazo establecido para su formalización, sino que también resulta necesario el cumplimiento de los demás requisitos exigidos, los cuales deben ser objeto de evaluación por las autoridades competentes.
Tal conclusión la hizo en el Informe Defensorial N° 160 denominado Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú: supervisión a la implementación de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N.° 29815, al que accedió INFOREGIÓN.
En el documento, la Defensoría del Pueblo hace una serie de recomendaciones a los organismos del Ejecutivo y Legislativo, para que se logre impulsar de manera práctica la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería, “a fin de implementar y ejecutar a nivel nacional las acciones de interdicción necesarias para la lucha contra la minería ilegal y la criminalidad asociada a ella”.
Asimismo plantea al Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobar el decreto supremo que establezca los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal, que serán destinados al Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Se calcula que en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización.
También propone intensificar los mecanismos de apoyo a los gobiernos regionales para las labores de promoción e intermediación en las negociaciones de los acuerdos o contratos de explotación sobre las concesiones mineras, atendiendo la realidad de cada departamento.
De igual manera propone a diferentes instancias del Ejecutivo ligadas al tema, implementar en el marco de sus funciones, el mecanismo de Ventanilla Única a nivel nacional, en coordinación con los gobiernos regionales, a efectos de brindar los servicios relacionados con la formalización.
El informe del Defensoría del Pueblo, sugiere que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República dispongan, de acuerdo a sus competencias, medidas destinadas a garantizar que en el presupuesto de la República, se asignen los recursos financieros que permitan la implementación de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N° 29815.
La minería informal e ilegal, actualmente está presente en 21 regiones del país y ocupa a cerca de cien mil trabajadores directos, lo cual “representa un problema sumamente complejo para el Estado, por los graves impactos ambientales, sociales, económicos y de seguridad interna que viene generando, y porque afecta la gobernabilidad democrática del país”, indica el documento.
Para ver la Ayuda Memoria del informe defensorial haga click aquí: AYUDA MEMORIA DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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