La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó hoy el informe defensorial Nº 141, el cual sostiene, entre otros aspectos, que no se ha cumplido con los objetivos del sistema de acreditación para asegurar una mínima capacidad de gestión de los gobiernos regionales para asumir las funciones transferidas.
El Informe denominado “Hacia una descentralización al servicio de las personas: Recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales”, fue elaborado por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno, tras la supervisión a 25 gobiernos regionales del país.
En el texto, se señala que los gobiernos regionales que no cumplieron con los requisitos mínimos fueron acreditados para la transferencia de funciones con la sola suscripción de convenios macro – intergubernamentales (CMI) con cada ministerio.
Indica que bajo esa modalidad, 24 gobiernos regionales declarados “por potenciar” fueron acreditados para la transferencia del 100 por ciento de las funciones en materia de “población y desarrollo social” e igualdad de oportunidades, así como en “vivienda y saneamiento”
Del mismo modo, se detalla que los Gobiernos Regionales que, al ser declarados “por potenciar”, obtuvieron el mayor número de funciones fueron Madre de Dios (95), Apurímac y Tumbes (90), Lima (86) y Moquegua (83). De otro lado, se refiere que los Gobiernos Regionales del Callao y La Libertad fueron declarados ‘aptos’ respecto al mayor número de funciones transferidas.
Defensora exhorta a la PCM a comprometerse en descentralización
Debido al contenido del informe de la Defensoría del Pueblo, la titular de esta entidad, Beatriz Merino, exhortó a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros a comprometerse en el proceso de descentralización y transferencia de instrumentos y recursos a los gobiernos regionales.
“Me encuentro en la obligación de levantar mi voz como Defensora del Pueblo y exhortar a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros –que es la encargada de conducir este proceso–, así como a todos los ministerios del Gobierno Nacional, a asumir un compromiso real y objetivo, y a movilizar sus instrumentos y recursos para apoyar la nueva gestión de los Gobiernos Regionales”, expresó Merino Lucero.
“No puedo esconder mi preocupación: para la Defensoría del Pueblo, la descentralización de una función no termina con su transferencia formal y presupuestal. Culmina cuando el Gobierno Regional ejerce la función a entera satisfacción del ciudadano. Ésta, señoras y señores, es nuestra visión del proceso de transferencia de funciones y es el objeto de nuestra supervisión”, agregó.
La Defensoría del Pueblo recomendó que – para suplir estas debilidades – la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros cree un sistema de indicadores, de evaluación y de monitoreo para medir los resultados de los CMI y de los convenios de gestión, sobre todo respecto a los Gobiernos Regionales que recibieron funciones sin acreditar los requisitos mínimos.
Por otro lado se recomendó –principalmente, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo– cumplir con los compromisos asumidos en los CMI suscritos con los Gobiernos Regionales, a fin de fortalecer su capacidad de gestión en las funciones transferidas por dichos sectores. También se les recomendó consensuar con los Gobiernos Regionales el contenido de los programas de capacitación y asistencia técnica.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recomendó a todos los ministerios identificar y cuantificar los recursos asociados a las funciones a ser transferidas, sobre la base del costo real de la prestación de los servicios transferidos, la realidad de cada departamento del país y la capacidad de gestión de cada Gobierno Regional.