LIMA. Mediante el Decreto de Urgencia nº 067-2021, el Poder Ejecutivo dispuso un apoyo económico a las familias de los jóvenes fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino y el Paro Agrario que se registraron en noviembre y diciembre de 2020, respectivamente. Cada una de estas recibirá la suma de S/40 mil, de forma excepcional y única.
Esta decisión fue tomada después de que la Comisión Multisectorial haya encontrado una situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que están sumidos las familias. Asimismo, el pagó estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los deudos deberán presentar las partidas de nacimientos ante dicha entidad, la cual aprobará una lista con los nombres de quienes recibirán el monto.
Según informó el Gobierno, este apoyo no es resarcitoria ni reparatoria. «Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales del personal de la Policía Nacional del Perú», señala el artículo 2 del decreto.
Como se sabe, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado fallecieron tras recibir varios impactos de perdigones por parte de la Policía Nacional durante las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino. Actualmente, la Fiscalía continúa a la espera de que la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía entregue información sobre los policías que estarían involucrados en ambas muertes. Además, según informó el Ministerio Público, a inicios de este mes se tomó declaración a 78 de los 93 agraviados, así como a más de 50 testigos.
Por otro lado, en el paro agrario en contra de la extensión de la Ley de Promoción Agraria, falleció Jorge Muñoz Jiménez, de 19 años. En enero del presente año, el ministro del Interior, José Elice, indicó que el deceso se produjo por un disparo efectuado por el suboficial PNP José Hoyos, quien está prófugo.
Otras de las víctimas mortales durante dicho evento fueron Reynaldo Reyes, de 27 años, y un menor de edad de iniciales K.R.C. En el primer caso, el policía Víctor Bueno Alva continúa ejerciendo funciones a pesar que una pericia forense determinara que la bala de su arma fue la que mató a Reyes. Mientras que, en el otro caso, no se ha podido encontrar casquillos de bala para determinar la causa de la muerte del menor de edad, por lo que su familia espera justicia.
