La ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que el texto sustitutorio del denominado “cuarto paquetazo ambiental”, presentado por la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera, y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, debilita aún más la regulación ambiental del Perú.
“Si bien el texto original del proyecto -presentado por el Ejecutivo el pasado 05 de noviembre- ya proponía el debilitamiento de la institucionalidad ambiental al modificar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); el texto sustitutorio presentado agrava esta situación”, informó DAR a INFOREGIÓN.
Más adelante, DAR explica que con esta propuesta se reduce a la mitad (de 90 a 45 días) el plazo para que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) reglamente la Línea de Base Compartida y la Certificación Ambiental Integrada.
En ese sentido sostiene que ese plazo es bastante limitado, “teniendo en consideración que el Senace se encuentra en proceso de implementación y contratando al personal especializado; y que los mecanismos de Línea de Base Compartida y Certificación Ambiental Integrada son procedimientos nuevos en el país, que si no se regulan adecuadamente afectarían aún más la calidad de los estudios ambientales para los proyectos de inversión”.
Advierte también que las modificaciones favorecen a los titulares de los proyectos (generalmente empresas) poniendo en riesgo la salud y la protección ambiental, puesto que en varios casos no se daría por terminado el proceso de Certificación Ambiental Integrada sino que el procedimiento se trasladaría a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y autoridades forestales competentes, entre otros.
Por todo ello, el organismo ambientalista exhortó a los congresistas a discutir seriamente el Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE; y que se solicite al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma estructural y de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que asegure la salud y protección ambiental adecuadas; “reformas que deben empezar por la derogación de la Ley N° 30230, aprobada en julio pasado”.