Luego de cumplirse ocho días de protestas en la capital y varias regiones, ayer el Gobierno aprobó declarar el estado de emergencia en todo el territorio peruano durante 30 días.
Alberto Otárola, ministro de Defensa, no descartó la aplicación del toque de queda y remarcó que la Policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantendrá la seguridad y control de la infraestructura estratégica, tales como, los aeropuertos de Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas, los cuales permanecen cerrados por casos de heridos y daños graves ocurridos, durante las manifestaciones.
Entre ellos, resalta la ciudad de Andahuaylas, ubicada en la región Apurímac. Lugar donde una mujer embarazada sufrió dos impactos de bala; así como una adolescente de 14 años, quien recibió impacto de un perdigón en el ojo izquierdo.
Respecto a la situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la Policía de la citada región del sur andino a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos detenidos que ejerzan su derecho a la protesta, pues, en dicha región los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial ha dejado un saldo de más de siete personas asesinadas, dos de ellas menores de edad.
#Apurímac Acudimos al Frente @PoliciaPeru de Apurímac para verificar condiciones en las que se encuentran alrededor de 40 personas detenidas, en el contexto de las movilizaciones sociales en la región y garantizar sus derechos fundamentales. #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/T1YzKZSxhQ
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 14, 2022
Esto pese a que, el premier Pedro Angulo aseguró, el último domingo en una entrevista de Cuarto Poder, que en una reunión con la presidenta Dina Boluarte, el ministro del Interior Cesar Cervantes y Alberto Otárola, titular de la cartera de Defensa, se estableció que la PNP implantaría el orden, pero sin la utilización de armas letales con el objetivo de evitar la pérdida de vidas humanas.
Asimismo, en relación a quienes se manifiestan en las calles contra el Congreso y a favor del adelanto de elecciones y otras demandas, el primer ministro dijo que existe un desinterés en el diálogo y más bien la generación de un costo social.
Ante dicha controversia y posterior a estas declaraciones, las congresistas Ruth Luque de Cambio Democrático y Sigrid Bazán de Juntos por el Perú presentaron este martes una moción de censura contra el primer ministro por calificar de ineficiente su gestión de las protestas. Sin embargo, Otárola enfatizó el último miércoles en su comunicado a la prensa que se está trabajando por controlar el orden interno, a fin de asegurar el libre tránsito y la paz para la ciudadanía.
El sociólogo peruano Dante Vera Miller y exasesor de Mininter, conversó con Inforegión sobre la crisis política que tuvo un punto de quiebre el miércoles 7 de diciembre, después que el expresidente, Pedro Castillo, intentara disolver el Congreso.
Dicha acción provocó su detención, hasta que el Poder Judicial resuelva el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses que formuló en su contra el Ministerio Público, y al mismo tiempo, que decenas de ciudadanos, especialmente del sur andino, comenzaran a movilizarse para expresar el descontento regional, el mismo que refleja una grieta de daños históricos traducidos en bloqueos de carreteras, quemas y la toma de entidades públicas.
Según Vera, la reacción de la ciudadanía se canaliza en diferentes factores, entre ellos, el sentido de identidad de quienes eligieron a Castillo, como jefe de Estado legítimo para personificar la nación.
“Ayer, entre llantos y en medio de los incendios, escuchaba a una mujer decir ‘yo quiero la libertad de mi presidente’. Era su presidente. Lo que hay es un sector social que votaron por Castillo que no lo valoraron por si era demócrata, si estaba capacitado, si sabía hablar; era esa persona que los representaba de alguna manera”, describe.
“Hay que preguntarse ‘¿por qué se ha enojado esta masa gente?’, ce lo que se trata es volver a entroncarnos otra vez con las bases reales de la sociedad, con un marco de derechos humanos, de garantías, cómo nos entroncamos con la gente que sobrevive todos los días.”, reflexiona el sociólogo.
Punto de partida
Durante las elecciones presidenciales de 2021, el exmandatario Pedro Castillo ganó en 16 de las 24 regiones del país, de las cuales obtuvo más del 80% de los votos en el sur andino, específicamente en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Un voto considerado un grito contestatario por algunos analistas que nadie prestó atención. Son en esas mismas regiones donde las protestas por la crisis política han alcanzado su punto máximo.
Por ejemplo, en Huancavelica, se han registrado hasta tres instalaciones públicas incendiadas, tales como el Poder Judicial, la Fiscalía y la sede regional de Transportes. Mientras que, en el Cusco, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) advirtió que los manifestantes amenazan con tomar un almacén de combustible, y a ello, se le suman los bloqueos de al menos 59 carreteras en todo el país.
En el marco de los conflictos sociales, el sociólogo peruano señala que la magnitud del desarrollo de estos tienen la capacidad de causar impactos significativos en el sistema, como la sentencia del Baguazo (2009) que constituyó un hito histórico en el reconocimiento al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
En esa línea, Vera asegura que la situación que se vive en estos días también podría traer posibles cambios sociales. “Estos conflictos algún hecho nuevo traerán, no logro vislumbrar qué, alguna reforma constitucional, de repente un mejor equilibrio de poderes, pero algún cambio significativo, cómo lo trajo el Baguazo”, explica.
Por tal motivo, el especialista recomienda que es fundamental la intervención en las instituciones de ciudadanos y especialistas que conozcan de cerca la realidad de quienes aún se mantienen en pie de lucha por décadas.
“Los que van a solucionar los problemas de la gente no conocen la realidad y solamente van con la orden de desbloquear [las pistas] ¿y qué sucede con eso? La gente pierde confianza en el Estado y por lo tanto este no tiene legitimidad. No les creen, se dan cuentan que el objetivo simplemente era que se retiren de la carretera”, critica.
Permanente catarsis colectiva
En el último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales se detectó la cifra de 218 conflictos, de los cuales el 8.7% de casos se encuentran en reuniones preparatorias para el diálogo. Además, solo en octubre se registraron 353 acciones colectivas de protesta. Por otro lado, Loreto ocupa el primer lugar, con 30 casos, seguido del Cusco, con 20 y Apurímac, con 17.
Un dato interesante de este informe es que la desatención de las demandas de los conflictos recae principalmente en el gobierno nacional con 62.8%, mientras que los gobiernos locales apenas alcanzan el 8.7%. Sobre ello, el aspecto socioambiental prevalece en 141 casos.
Teniendo en cuenta el complejo panorama, Vera considera que existe una clara institucionalidad fragmentada, una situación que está afectando incluso dentro de los propios pueblos originarios. Un ejemplo de ello son las divisiones que causan las economías ilegales en las comunidades nativas y que se refuerzan con el abandono del Estado.
“Es un problema de identidad y distanciamiento enorme con el Estado y con otros sectores de la sociedad y por eso somos un país desencontrado. Entonces, el gran riesgo del país que tenemos es que nuestro territorio se comience a fragmentar en manos de poderes mafiosos”, alerta el sociólogo.
“Si tú oprimes y oprimes, hay rebelión. El operador tiene que ir a escuchar y no a engañar, entender el problema para resolverlo y no prometer cosas que no pueden cumplir para que no se siga descalificando el Estado ante la población. Si observamos estas explosiones en esa perspectiva y seguimos pensando que son terroristas no vamos a poder entender el proceso que nos puede llevar a esa situación tan dramática”, agrega.
Finalmente, el sociólogo enfatizó que para construir un país donde prime el respeto y la tolerancia es necesario abandonar las narrativas que violentan y deslegitiman el sentir y organización de los ciudadanos que buscan la construcción de un país mejor para todos.
“Lamentablemente somos un país que ha vivido una violencia terrorista espantosa y nos ha dejado una desconfianza tremenda. Por eso hay que ser cuidadoso, como cuando algún periodista, policía o jefe militar dice: ¡terrorista! Ver con esa visión a la movilización de ahora va a ser que esto explosione más. El tejido social se va a desbaratar. Las reglas sociales de convivencia se van a precarizar y la violencia va a ser absolutamente normal”, advierte.