Ayer se realizó el Foro de Conflictos Sociales organizado por el Instituto de Gestión de Conflictos, con el fin de dar a conocer las propuestas de Peruanos Por el Kambio y de Fuerza Popular orientadas a la resolución de conflictos generados por la falta de diálogo y la diversidad de intereses.
El encargado de representar a PPK fue el especialista en seguridad ciudadana, Gino Costa, quien por motivos de salud fue reemplazado por el sociólogo Dante Vera. No obstante, el representante del partido de Fuerza Popular no se presentó en el evento.
Dante Vera destacó que PPK propone evitar que se lleguen a situaciones de crisis de violencia mediante una autoridad transparente, confiable, con credibilidad y abierta al diálogo. Por otro lado, señaló que Pedro Pablo Kuczynski hace una invocación para que los ciudadanos e instituciones logren tener un acuerdo de cero violencia con el fin de que los líderes o dirigentes sociales frenen la violencia durante las protestas.
“Así como a los dirigentes se les exige que pongan límites en sus protestas, es necesario capacitar a la policía nacional para que actué de una forma disuasiva, sin actos de abuso ni represión. Para ello, deben ser conducidos por una persona que ejerza liderazgo sobre ellos y les brinde instrumentos y armas no letales para enfrentar los disturbios sociales con el propósito de evitar más muertes», indicó el sociólogo.
Por otro lado, Dante Vera calificó como irresponsable a la propuesta de Keiko Fujimori en la que plantea realizar pactos con los mineros informales que realizan procesos extractivos en patrimonios nacionales, dañando severamente el medio ambiente y los recursos naturales. Asimismo, invocó a que la candidata de Fuerza Popular sea más cuidadosa al momento de plantear propuestas, ya que sólo se está enfocando en ganar votos por parte de este sector.
Finalmente, indicó que los territorios dominados por el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando y la minería ilegal son propicios para la conflictividad extrema. Además, planteó que debe implementarse una política de adelanto de inversión social por parte de las empresas mineras y conciliar intereses para que los proyectos sean parte del desarrollo de la región.