Ha pasado una semana desde que el Parlamento aprobara la inclusión del tráfico de fauna silvestre dentro del ámbito de la Ley Contra el Crimen Organizado. Hace unos días alertamos sobre voces reacias a esta medida que buscan desinformar a pescadores artesanales sobre los alcances de esta modificación. Entre estos grupos opositores se encontraban mafias de la provincia de Sechura, en el departamento de Piura, los cuales están ligados a la pesca ilegal y al desvío de harina de anchoveta y que, además, buscan la no aplicación de la norma mencionada.
Sabido es que el tráfico de fauna silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo. Según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en el Perú cada año se decomisan más de cinco mil especies de fauna silvestre. Por ello, que el Congreso de la República haya aprobado la inclusión de este delito dentro de los alcances de Ley Contra el Crimen Organizado ha sido un gran avance. Tanto así que el Perú es el primer país de Sudamérica en hacerlo. En ese sentido, no reconocer esta modificación implicaría un retroceso, no solo en conservación y protección de la biodiversidad, sino también en materia de cuidado de los océanos y su uso sostenible.
«Si las reformas fueran fáciles de hacer ya se habrían hecho todas. (…) es comprensible que haya resistencia de los ilegales que trafican con permisos falsos o quienes desvían la anchoveta. Lo que están haciendo estas organizaciones es confundir a los pescadores y decirles que se les está criminalizando. Eso es mucho más fácil de esparcir, porque es más difícil explicar la verdad y la parte técnica [de esta norma]», consideró Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú y excongresista de la República, quien conversó con INFOREGIÓN para analizar las razones sobre la oposición que algunos pescadores manifiestan sobre dicha modificación.
El mar peruano es uno de los más ricos del planeta, pero actividades como la pesca ilegal merman esta riqueza. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Perú pierde más de S/1200 millones al año por la pesca ilícita. Esto perjudica al mercado y a los pescadores que viven del mar. Entonces, a pesar de conocerse las consecuencias de esta actividad, ¿por qué se ha abierto la posibilidad de que estos pescadores artesanales sean desinformados? ¿Es acaso una falla a nivel de comunicación que debió preverse? Para Olivares, esta nueva inclusión también debería obedecer a la labor que tiene el Estado en explicar a actores involucrados, como los pescadores artesanales, acerca de los alcances de esta modificación.
«Si las reformas fueran fáciles de hacer ya se habrían hecho todas»
-Daniel Olivares
Al respecto, Olivares manifestó que desde Oceana Perú existe la llamada línea azul. Se trata de una vía de comunicación directa entre los pescadores artesanales del centro, norte y sur del país y esta organización con el fin de opinar y debatir acerca de diversos temas, entre ellos la modificación legal mencionada. Aquí tenemos un testimonio: «Existen mafias organizadas en el sector pesquero y están tratando de utilizar a los pescadores para sus fines», manifestó un pescador en un mensaje dejado en el grupo de Whatsapp Línea Azul.
«Nosotros no somos los únicos voceros del tema, existen otras organizaciones que buscan difundir y complementar el rol que debería cumplir el mismo Estado; no solamente el Congreso, sino el Poder Ejecutivo. Hay un trabajo que desde el Estado no se hace y las organizaciones tratamos de llenar ese vacío«, resaltó el vicepresidente de Oceana Perú.
Finalmente, hay que destacar que esta inclusión busca otorgar mayores herramientas a los operadores de justicia como la interceptación postal, la intervención de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, las reservas tributarias y bursátil; la cooperación internacional y asistencia judicial. Por su parte Olivares enfatizó en que esta modificación no tiene la finalidad de perseguir al pescador artesanal, sino a las organizaciones que trafican, por ejemplo, entre Ecuador y el Perú, pues lo que se busca es combatir la pesca ilegal que daña no solo el ecosistema, sino a las especies que viven en ella.
«Los delitos que están incluidos en la Ley Contra el Crimen Organizado permiten que la policía tenga más herramientas tecnológicas o agentes encubiertos que combatan a estas mafias. Un barco de pescadores no es, claramente, una organización criminal. Eso es lo que están tratando de mezclar quienes buscan confundir porque no les conviene que se les investigue mejor», aclaró Olivares.
En el Perú, desde el año 2000 hasta la actualidad, se han logrado decomisar más de 79 mil animales silvestres vivos. Además, existen más de 170 zonas ilegales donde dichas especies se venden y logran concentrar un mercado comercial que genera hasta U$23 000 000 por año. Combatir este delito de gran alcance requiere medidas de la misma magnitud. El movimiento pesquero nacional no escapa a esto.