CUSCO. Más de 50 comunidades campesinas y nativas de 11 provincias de Cusco se reunirán este 7 y 8 de julio, en el evento denominado ‘Foro Regional de la Tierra‘, para abordar la situación de sus territorios en el contexto de la crisis política y el estallido social, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Durante ese período, se registraron 67 muertes, entre civiles (60) y las fuerzas del orden (7). Las investigaciones presumen que 49 ciudadanos fueron asesinados por agentes de la Policía y del Ejército.
Luis Hallazi, abogado y miembro del Instituto del Bien Común (IBC), organización que actualmente facilita la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra; recordó que la regiones Cusco, Puno, Ayacucho y Apurímac fueron las más afectadas por la crisis política, debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares.
Para el experto, el conflicto sociopolítico aún no ha sido resuelto por el Ejecutivo, y es un ejemplo más de la exclusión sufrida por las comunidades de la zona del sur andino del Perú. «La crisis iniciada en diciembre pasado es una continuidad de las violencias diversas e históricas que se ejercen hacia estas comunidades, muchas vinculadas a situaciones de discriminación y racismo institucional«, indicó a Inforegión.
Por otro lado, entre los problemas actuales que enfrentan las comunidades campesinas y nativas de Cusco están las amenazas a defensores de la tierra y el territorio, agendas frente al cambio climático, la situación de las actividades agropecuarias, la tenencia de la tierra, y la expansión de las fronteras extractivas, especialmente, de la minería. «En toda la región Cusco, el 33,51% del territorio le pertenece a las comunidades campesinas. De ese porcentaje, el 20,89% tiene una superposición de concesiones mineras», precisó el abogado.
Diálogo y propuestas concretas
Hallazi explicó que el objetivo del ‘Foro Regional de la Tierra’ —el primero de una serie de diálogos regionales— es «escuchar y recoger las demandas y propuestas de las comunidades campesinas de Cusco que asistirán al evento». En ese sentido, sostuvo que «es momento de acompañar a estas comunidades en el proceso de fortalecimiento de sus organizaciones, en la presentación de propuestas y en la búsqueda de soluciones concretas».
Además, mencionó que replicarán el evento en Puno, en setiembre, y posteriormente en otras regiones. La idea es contribuir con otros foros y espacios similares, así como organizar un encuentro nacional «para debatir las demandas, propuestas y soluciones, que serán planteadas de manera formal y pública a las autoridades locales (alcaldes y gobernadores regionales), y alcanzar una discusión a nivel nacional, a través de cambios normativos».
Desarrollo de las comunidades campesinas sin asistencialismos
En la actualidad, no existe un diálogo entre las comunidades campesinas e indígenas y el Estado. Hallazi puso como ejemplo la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, que, según anotó, está desactualizada y contribuye a su debilitamiento. La normativa se basa en un asistencialismo precario, centrado en programas que no ponen a las comunidades como sujetos de su propio desarrollo. Ante el quiebre de un diálogo intercultural, es necesario convertir las propuestas desde las comunidades en instrumentos y políticas públicas.
«Las comunidades campesinas e indígenas son propietarias de más del 30% del territorio nacional, sin embargo, no hay propuestas claras por parte del Estado para su desarrollo. También aportan alrededor de 80% de los alimentos que llegan a los hogares de las ciudades. La violencia política parece de la época del Conflicto Armado Interno parece repetirse. El 80% de las víctimas y heridos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso pertenecen a los pueblos indígenas y comunidades campesinas quechua», anotó el abogado.