El último viernes 01 de octubre, once comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar difundieron un pronunciamiento en redes sociales dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo, en el que exigen el cambio del premier Guido Bellido.
El comunicado sostiene que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) existe un total desconocimiento de la agenda indígena campesina, y por tanto sus funcionarios no garantizan que el proceso de diálogo tenga resultados positivos a favor de las comunidades afectadas por la actividad minera desde hace más de 30 años.
Bajo este argumento, desde su pronunciamiento multicomunal hacen ‘un llamado al presidente de la República para que en el más breve plazo se corrija el rumbo del gobierno y se remueva del cargo al ministro Guido Bellido Ugarte’.
“Finalmente, lamentamos la crisis al interior del gobierno, situación que históricamente ha sido aprovechada por la empresa minera para continuar violentando los derechos de las comunidades”, se señala al final del documento.
Asimismo, con fecha indicada el 29 de septiembre, las comunidades también remitieron una carta al presidente Castillo, donde solicitan un nuevo interlocutor del Gobierno para tratar técnica y legalmente la omisión de la consulta previa que exigen como pueblos originarios.
Demandas
Una de las principales demandas de las comunidades es que se cumpla con implementar un verdadero proceso de Consulta Previa sobre el proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya- Integración Coroccohuayco.
Además, exigen que se cumpla con implementar el Fondo de Emergencia Social, así como que se implemente el Plan de Reparaciones por los daños causados por las operaciones mineras en sus territorios y recursos naturales.
Por otro lado, también solicitan que se implemente un programa de reactivación económica en beneficio de las comunidades. Igualmente que se cree el Canon Comunal o que las ganancias sean invertidas directamente en las comunidades en donde impactará el proyecto minero en mención.
Antecedentes
La provincia cusqueña de Espinar convive con la actividad minera desde hace más de 30 años. Las comunidades no se oponen a la actividad minera, pero lo que sí exigen es que, tanto la empresa como el Estado, garanticen el respeto de sus derechos humanos y colectivos. El único proceso para generar y promover condiciones mínimas es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental como el EIA y el MEIA.
Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, en la provincia cusqueña de Espinar.
Sin embargo, las comunidades y especialistas han señalado que lo que se viene consultando es la autorización de inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío, necesario para iniciar la etapa de construcción, pero no se está sometiendo a consulta la Modificatoria del Estudio de Impacto de Ambiental (MEIA), que es el documento que señala las futuras afectaciones a las comunidades originarias ubicadas alrededor del proyecto minero.
Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana.
Por su parte, las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, han enfocado sus reclamos en que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), porque consideran que es la única decisión que les permite poner condiciones a la inversión, a fin de que se respete sus derechos.
Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de Huini Coroccohuayco y Pacopata han interpuesto una demanda de amparo contra Senace por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este proceso legal está siendo acompañado por IDL, CooperAcción y Derechos Humanos sin Fronteras.
Fuente: Conflictos mineros