CUSCO. Diferentes medios locales de comunicación han difundido que las comunidades de la provincia cusqueña de Espinar, afectadas por el proyecto minero Antapaccay- Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, reiniciarían sus acciones de protesta el sábado 04 de setiembre, pues consideran que el gobierno no está tomando como prioridad sus actuales demandas.
Esta vez se trata de las comunidades que conforman los distritos de Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Ocoruro y Condoroma, quienes dieron un ultimátum al premier, Guido Bellido, hasta hoy, para que responda de manera concreta sobre las acciones que tomará el gobierno de Pedro Castillo frente a sus demandas.
Cabe recordar que el último 20 de agosto, un grupo de dirigentes espinarenses viajaron a la capital para reunirse con funcionarios de la PCM y otras carteras ministeriales. En ese encuentro, acordaron que se cumpla con implementar un verdadero proceso de consulta previa respecto al proyecto Coroccohuayco; que el Estado cumpla con implementar el Fondo de Emergencia Social; que se cumpla con implementar el Plan de Reparaciones por los daños causados a causa de las operaciones mineras; que se ponga en marcha un programa de reactivación económica en beneficio de las comunidades, y finalmente, que se promueva la creación de canon comunal para garantizar que esos recursos lleguen a las comunidades.
Antecedentes
La provincia cusqueña de Espinar convive con la actividad minera desde hace más de 30 años. Las comunidades no se oponen a la actividad minera, pero lo que sí exigen es que tanto la empresa como el Estado garanticen el respeto de sus derechos humanos y colectivos. El único proceso para generar y promover condiciones mínimas es la consulta de los instrumentos de gestión ambiental como el EIA y el MEIA.
Desde noviembre del 2019, el Ministerio de Energía y Minas viene implementando la consulta previa en 11 de las 13 comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto minero Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, en la provincia cusqueña de Espinar.
Sin embargo, las comunidades y especialistas han señalado que lo que se viene consultando es la autorización de inicio de operaciones, que es un acto formal y tardío, necesario para iniciar la etapa de construcción, pero no se está sometiendo a consulta la Modificatoria del Estudio de Impacto de Ambiental (MEIA), que es el documento que señala las futuras afectaciones a las comunidades originarias ubicadas alrededor del proyecto minero.
Las comunidades originarias que vienen participando de este proceso son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana.
Por su parte, las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área de influencia directa, han enfocado sus reclamos en que se les consulte la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) porque consideran que es la única decisión que les permite poner condiciones a la inversión, a fin de que se respete sus derechos.
Ante este hecho, en el 2019 los presidentes de las comunidades originarias de Huini Coroccohuayco y Pacopata han interpuesto una demanda de amparo contra SENACE por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental.
Fuente: Conflictos mineros