La ONG CooperAcción propuso suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta que no se reglamente la Ley de Consulta Previa, y que no se sigan aprobando Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) sin que medien criterios técnicos o que además sean consultados previamente.
CooperAcción fue una de las organizaciones involucradas en la elaboración del documento “Perú: Informe Alternativo 2011 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Su subdirectora Emma Gómez afirmó que el capítulo “Territorio” de ese informe apunta a poner en agenda algunos temas fundamentales.
“El primero de ellos es la expansión territorial de las concesiones mineras, que ha afectado los derechos de las poblaciones indígenas a nivel nacional, por medidas tomadas desde el Poder Ejecutivo, y esto ha sido la base de muchos de los conflictos”, indicó.
Agregó que los mecanismos de aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) también han sido cuestionados en el informe.
“Al ser el EIA el único instrumento técnico que determina la viabilidad ambiental de un proyecto, y al no ser sometido a ningún proceso de aprobación o consulta a los pueblos indígenas, se podría decir que en el Perú la aprobación de EIAs son procesos administrativos casi automáticos”, sostuvo Gómez.
Para la especialista, un tercer tema fundamental son los pasivos ambientales y el impacto a la salud y al medio ambiente de las poblaciones indígenas. En ese sentido manifestó que la actividad minera no solo genera impactos al momento de desarrollarse si no que deja pasivos ambientales que son un peligro latente para la población.
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