La representante del Centro de Atención Psicosocial (CAPS) Haydee Antón cuestionó que el gobierno del Presidente Alan García haya iniciado la entrega de reparaciones económicas individuales a las víctimas de la violencia política en el país “de manera tan apresurada”.
“Esta acción del Gobierno es para decir ‘estamos reparando’. Lo han hecho todo a la apurada. Nosotros hemos elaborado una propuesta desde sociedad civil para que las reparaciones sean más equitativas pero el Decreto Supremo Nº 051 le cierra las puertas a todo”, afirmó Antón.
El decreto en mención dispone iniciar el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI) y establece el pago de 10 mil nuevos soles a las víctimas de la violencia ocurrida en el período 1980–2000.
De otro lado, Antón cuestionó que en estas reparaciones no se haya tomado en cuenta a las mujeres víctimas de violencia sexual sino solamente a las que sufrieron violación sexual.
“En CAPS tenemos numerosas denuncias de mujeres que aún cuando no fueron ultrajadas sexualmente sufrieron no solo tocamientos sino hasta descargas eléctricas en sus genitales”, afirmó Antón.
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