La muerte de los cabecillas ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ y un miembro de la seguridad de ‘Alipio’, el denominado ‘Alfonso’, ha sido sin duda un éxito importante en la lucha contra el narcosenderismo. Luego de las felicitaciones y de las múltiples palabras de optimismo, quedan, sin embargo, algunos temas de fondo que preocupan. Mencionaré solo cuatro:
1. Pensemos en el rol que cumplieron y cumplen los ministros de Estado en la ejecución de la estrategia contra el narcoterrorismo y la seguridad ciudadana. Según publicaciones, un subordinado (en principio) del ministro del Interior coordina directamente con el presidente de la República las acciones de inteligencia y las operaciones en el terreno. En esta operación, ni el jefe del Comando Conjunto ni los ministros del Interior y de Defensa estaban al tanto de los detalles de la intervención. Es más, hasta se desconoció la existencia del grupo, ahora conocido como Lobo, a cargo de la operación. Este detalle es importante porque también fueron ambos ministros quienes, con el jefe del gabinete Juan Jiménez, negaron semanas atrás la existencia de seguimiento a personajes políticos y periodistas, lo que habría ocurrido también sin conocimiento de los ministros de Estado. La explicación de que se habría estado siguiendo a delincuentes colombianos es a todas luces deleznable, contradictoria y poco creíble, pero el ministro del Interior, en la interpelación del jueves 15, insistió en ello, terminando por avalar a quienes ordenaron y realizaron el seguimiento.
2. Preocupa la pobre ejecución presupuestal en aspectos estratégicos. Pareciera que el campo presupuestal tampoco es permeable a las órdenes ministeriales, pues con índices de inseguridad en crecimiento es complicado entender, por citar un ejemplo, que de los S/.36 millones destinados a implementar y mantener las comisarías para enfrentar la inseguridad, apenas se ha ejecutado el 0,2% de dicho presupuesto, según información publicada en medios de comunicación. Comisarías con déficit de Internet de 70,1%, sin acceso al Reniec o a Registros Públicos y sin computadoras proyectan limitaciones aterradoras para manejar la información y enfrentar peligros para la ciudadanía o para el Estado. No hay que olvidar que después de Economía y Educación, Interior y Defensa son los sectores con mayor presupuesto, por lo que su capacidad de ejecución es vital.
3. El éxito de la operación que permitió la caída de los mandos narcosenderistas no debe impedirnos mirar el bosque. La seguridad ciudadana y la pública tienen otros ámbitos a los que no se les presta la atención debida. Más de tres mil kilómetros de costa y siete mil de frontera terrestre se encuentran prácticamente abiertas al tráfico de drogas; al contrabando de armas, de explosivos, de madera, de oro ilegal, de combustible; a la trata de personas y al tráfico ilegal de migrantes, por citar tan solo aspectos más amplios de la criminalidad sobre la que muy poco se está haciendo y que requiere autoridades con capacidad de decisión.
4. Es urgente acortar la brecha entre la política pública y la voluntad política. Un ejemplo concreto: para financiar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas al 2016, el Estado Peruano ha destinado 15 céntimos de sol (sí, solo S/.0,15) por millón de soles del presupuesto nacional. Con estos datos, los delincuentes también tienen motivo para celebrar.