La nula fiscalización en que estarían incurriendo el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minas (OSINERGMIN) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en casos de fugas de gas por parte de empresas contratistas, particularmente en perjuicio de las comunidades campesinas del país, fue denunciada severamente, este martes 19, en sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y en presencia de representantes de esas entidades que acudieron a informar al respecto.
Las principales críticas se dieron por parte de los legisladores Daniel Abugattás Majluf (NGP), Rofilio Neyra Huamaní (FP), Wálter Acha Romaní (NGP) y Claudia Coari Mamani (DD). Ellos señalaron que lamentablemente no se acreditaba una real fiscalización y acciones de prevención de aquellos organismos frente a las actividades nocivas en que estarían incurriendo empresas contratistas, como había ocurrido el pasado 30 de abril en la comunidad de Huaynapata, en la región Ayacucho; y también en el distrito limeño de San Isidro el día 14 de abril.
Ante las respuestas consideradas insuficientes de parte de los funcionarios asistentes, el presidente de la Comisión, Federico Pariona Galindo (FP), reiteró que se solicitará mayores informaciones a las autoridades de Osinergmin. Subrayó que la Comisión busca que se dé respuestas concretas y que, de ese modo, también se satisfaga las expectativas de la población ante aquellos problemas.
Los funcionarios asistentes, acompañados de otros miembros de aquellas entidades, fueron Víctor Fernández Guzmán, gerente de Fiscalización de Gas Natural; y Delia Morales Cuti, directora de Supervisión de la OEFA. Ellos señalaron que los organismos a los que pertenecen habían cumplido con los mandatos que les impone la ley. Subrayaron, de un lado, que desde un primer momento se constituyeron en el teatro de los hechos (Ayacucho) e intervinieron conforme a sus atribuciones. Víctor Fernández afirmó que la misión de Osinergmin se limita, esencialmente, a supervisar el funcionamiento de las tuberías y su correcto funcionamiento en el transporte del gas. Además, intervienen en cuanto se detecta un impacto que podría acarrear problemas a las comunidades campesinas en las cuales funcionan.
Delia Morales, de la OEFA, sostuvo que personal de ese organismo había recorrido la zona afectada, que abarca a unos 4,500 metros cuadrados en Ayacucho. Señaló que los afectados por la contaminación habían sido atendidos por el Ministerio de Salud y que la OEFA elaboró un informe, en tanto que se está a la espera de un documento que oportunamente debe elevar la empresa correspondiente a fin de cotejar los hechos e informaciones logradas.
Los parlamentarios mencionados, al igual que María Pérez Tello (PPC-APP), lamentaron que la información recibida en la fecha fuese insuficiente. Manifestaron que no aceptaban la información por considerarla insatisfactoria, y añadieron que se debería de solicitar mayores informaciones. Abugattás Majluf y Pérez Tello alertaron a que se tuviera cuidado con la falta de una política de prevención, como se observaba, e indicaron que precisamente esos casos daban lugar al surgimiento de hechos como el ocurrido en el caso del proyecto minero Tía María, de Arequipa.