Crisis política en el Perú: Represión continúa escalando

Tras cinco días de declararse el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, la represión policial continúa escalando. El fin de semana, en el distrito de Huipoca, ubicado en la provincia de Padre Abad, Ucayali, durante las protestas por la demanda de adelanto de elecciones y cierre del Congreso, seis civiles resultaron heridos, entre ellos, dos por impacto de bala, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

Se trata de tres jóvenes, entre 23 y 25 años, y un menor de edad. Hasta el momento, la DF ha descartado fallecidos en dicha región a causa de las manifestaciones. 

 

Por otro lado, en Lima ocurrió el allanamiento a los locales de la Confederación Campesina del Perú (CPP) y del partido Nuevo Perú, entre otras organizaciones. El operativo fue llevado a cabo sin la presencia del Ministerio del Público, y a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote), donde participó el coronel Percy Gerardo Huapaya Moreno, acusado en 2020 por los supuestos delitos de extorsión y cobro de cupo a mineros ilegales en la región Cuzco.

Durante el hecho, se detuvo de forma arbitraria a 26 personas, algunas de estas se encontraban alojadas en el establecimiento, debido a que viajaron desde otras regiones para manifestarse en la capital. Tras un periodo de aproximadamente de 12 horas, estas fueron liberadas. A su salida, los ciudadanos denunciaron el sembrado de machetes y elementos subversivos, y a su vez que los efectivos impidieron el ingreso de alimentos y agua, así como de representantes de organizaciones de derechos humanos y abogados. 

 

La abogada Esther Álvarez Estrada, quien logró colaborar en la defensa pública de los detenidos, aseguró que no se ha calificado de forma jurídica ningún tipo de delito contra los presuntos imputados. 

“Bueno, hemos estado desde las nueve y media de la mañana frente a esta intervención totalmente abusiva y arbitraria en la cual ni siquiera estaba la fiscal presente y no permitían que los abogados interviniéramos y hasta ahora no nos han dicho por qué motivo han sido intervenidos. No les han encontrado absolutamente nada, les han entregado una notificación para esclarecimiento. A últimas horas de la noche, quisieron hacernos firmar un acta que no correspondía a la realidad”, relató. 

Además, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió que, pese a que los detenidos fueron puestos en libertad, la Dircote seguirá una investigación contra ellos por el supuesto delito de terrorismo. 

“Sabemos que va a continuar una investigación, a cargo de la Dircote, pero ya va a estar interviniendo la Fiscalía para supervisar todo el procedimiento, confiamos en que la Fiscalía, como garante de los derechos fundamentales de la población, puede ponerle un alto al abuso de la Policía”, señaló. 

 

De acuerdo al balance de víctimas, realizado por el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento se reporta un total de 69 hospitalizados, como producto de los enfrentamientos en las protestas. La región con la cifra de heridos más alta es Ayacucho (20), seguido de Junín (17), La Libertad (12), Ucayali (6), Apurímac (5), Lima (4), Arequipa (4) y Huancavelica (1). 

En relación a los fallecidos, se ha identificado el deceso de 25 civiles en todo el país, incluyendo menores de edad. Sobre ello, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado en los dominicales del fin de semana acerca del uso de armas de fuego contra los manifestantes. 

Más temprano, el domingo 18 de diciembre, la mandataria se dirigió en quechua a la población en regiones. Imagen: Forbes Perú

 

Los otros golpes 

El antropólogo Javier Torres conversó con Inforegión para brindar un análisis sobre la crisis política. El director de Noticias SER y periodista de LaMula.pe explicó que parte del descontento de la ciudadanía radicaría en la discriminación, traducida en los discursos de representantes de la ultraderecha y los medios de comunicación. 

“El Perú es como un caldero donde se ha estado cocinando algo y el caldero ha estallado. Por un lado, hay un malestar contra la clase política que es muy fuerte, como responsable de la corrupción y el desgobierno, y a eso además, se les suma una bronca de regiones, sobre todo del sur y del campo con Lima, que se ha alimentado por los ataques contra Pedro Castillo desde la ultraderecha y los medios, donde ha habido mucho racismo de por medio, mucha voluntad de discriminación expresa y con la victimización del propio expresidente para alimentar ese malestar”, dijo.

Manifestante exigiendo cierre del Congreso durante las protestas en Lima. Foto: David Gonzales

Además, señaló que en el marco de las protestas, es necesario prestar atención al carácter identitario de aquellos manifestantes que continúan apoyando al exjefe de Estado, Pedro Castillo. Pues, abre una discusión sobre el impacto político que consiguió en sus simpatizantes, a pesar de sus fallas. 

 “Hay una identificación fuerte. A pesar del malestar con las pésimas políticas públicas que implementó, su imagen no se vio tan afectada por esa mala política. La gente separó al presidente de la gestión, entonces, el malestar en algunas zonas era contra los ministros, no contra el presidente. Eso ha abonado ha generarle una suerte de teflón al expresidente con algunos sectores. Entonces, sienten que la presidenta Boluarte al asumir el cargo ha traicionado al presidente y por tanto a ellos”, opinó. 

Actualmente al expresidente Pedro Castillo se le ha interpuesto una condena de 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión. Imagen: Andina

Torres también habló sobre el pedido de Nueva Constitución, el cual ha toma cada vez más fuerza en las calles. “La gente cuando piensa en la Constitución en general fuera de Lima, no piensa en el modelo económico, la gente ve que cómo el Estado funciona mal, hay que cambiarla. Es un razonamiento bien básico, pero tiene sentido. Tiene que ver con que yo recibo malos servicios, no me llegan las cosas o me llegan mal”, explicó. 

“Y hay otro sector que cree que la Constitución es intocable, si se toca se derrumba el orden y crecimiento que se ha conseguido. Hay un temor a que abrir esa discusión vaya a destruir este ‘maravilloso’ país en el que vivimos. Si los políticos no pueden resolver el problema, tienes que apelar a quien es dueño del poder, finalmente es el pueblo, eso es una democracia”, agregó. 

Entre de las demandas de los manifestantes está el pedido de una Asamblea Popular Constituyente. Foto: David Gonzales

Finalmente, el antropólogo recomendó no posponer por más tiempo el adelanto de elecciones, demanda que será reconsiderada a votación por el Congreso el día de mañana.  “Se nos ha presentado un gobierno cívico militar, lo que se tiene que hacer de inmediato es convocar elecciones, el último trimestre del próximo año sería lo más razonable, y de ahí, ya dependerá de la organización política y la capacidad de los ciudadanos de movilizarse para construir un escenario con un Congreso distinto”, concluyó.