LIMA. Las paralizaciones anunciadas por distintos gremios de transporte de carga a partir del lunes 28 -justo el día de la votación de la vacancia del presidente de la República, que se sumaba al asedio y extorsión contra Cuajone y el conflicto en la Amazonía y el Lote 95- fueron subestimadas por el Gobierno, quizás satisfecho por la alianza de los 54 + 19 en el Congreso que salvó al presidente Pedro Castillo de ser vacado.
El costo de la gasolina, así como el de productos básicos y el incumplimiento de acuerdos de noviembre del 2021, fue el punto de partida de una protesta que pronto atrajo la atención de otro sector golpeado: el agropecuario. Finalmente, se sumaron comerciantes, barrios, transportistas urbanos y amas de casa, cada quien con su demanda particular, pero con un grito compartido: gobierno incapaz y políticos corruptos.
La protesta escaló al punto que se reportaron bloqueos de carreteras en varias regiones al viernes pasado, principalmente en la Panamericana Norte y Sur y en la Carretera Central. Ello obligó al Ejecutivo a instalar una mesa de diálogo en Huancayo el sábado 2 en pleno desborde de la protesta. A pesar de haberse logrado firmar dos actas y una tregua de cinco días en la región, las protestas escalaron y alcanzaron el lunes 4 a más regiones, con decenas de puntos de bloqueo de carreteras y violencia en Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.
Por lo rápido del escalamiento, la violencia (explícita y latente) y la escasa organicidad, a esta protesta se la puede calificar como un estallido que se caracterizaría por:
- La escasa y/o discutible representatividad y articulación de los actores que se autodenominan líderes de las protestas;
- La precariedad de los acuerdos que podrían lograrse entre quienes logran sentarse a negociar con los representantes del Ejecutivo;
- La negligencia en la gestión del conflicto de parte del Ejecutivo y los niveles de gobierno, así como en la comunicación gubernamental de sus avances;
- Rumores y fake news sobre violencia y saqueos en Lima Metropolitana.
El lunes 4, a la medianoche, el presidente anunció el Estado de Emergencia y la inmovilización social obligatoria para Lima Metropolitana y Callao (lugares donde no se reportaron mayores incidencias), lo que sumaría al escalamiento de movilizaciones sociales en estos espacios con la convocatoria de parte de la oposición vacadora a una concentración el martes 5 de abril. Diversas instituciones (Defensoría del Pueblo, Transparencia) así como algunos congresistas, han declarado sobre la inconstitucionalidad de la medida e incluso han iniciado acciones legales para su derogación.
Organizaciones (como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y líderes de opinión que mantuvieron silencio han pedido la renuncia del presidente Pedro Castillo. En las regiones, ningún punto de conflicto reporta, a este momento, un avance para la contención de acciones de protesta. Todo lo contrario, se han iniciado movilizaciones en la región Puno y se anuncia un paro en el Cusco para mañana 7 de abril.
El desgobierno, alentado por la incapacidad y la corrupción, ha puesto a nuestro país en una situación caótica. La movilización contiene una mezcla de hartazgo y decepción. La protesta popular, espontánea y dispersa, carece de una conducción política. En este escenario, actores políticos (nacionales y sub nacionales) actúan con agenda propia a favor de sus posiciones.
Elementos significativos
• Represión e indolencia. En Huancayo se han reportado cuatro muertes a causa de las protestas, así como dos personas con daño ocular grave. Se reportó una víctima más en Huánuco y otra en Ica ocurrida hoy miércoles 6. El Ejecutivo ha soslayado hechos, grave error. Solo la vicepresidenta, Dina Boluarte, se ha solidarizado con los familiares de las víctimas.
• Desgobierno e impericia. El Ejecutivo no tiene una estrategia clara de gestión de la conflictividad, lo que facilita el escalamiento de los puntos de tensión y amplía los espacios de conflictividad. Se lograron algunos acuerdos con gremios, pero sin solución de fondo o acciones de gestión a la vista (Cuajone; Corredor Minero Sur; Ámbito Petrolero, Transportistas)
• Aislamiento político y pérdida de respaldo regional y local. Los Gobiernos Regionales (ANGR) no han dado muestras de apoyo al Ejecutivo. Incluso algunos gobiernos locales en Lima Metropolitana han llamado públicamente a desacatar la medida tomada por el Ejecutivo (toque de queda).
• Debilidad y retroceso. Un Ejecutivo sin norte y debilitado, se reunió ayer martes a las 3:00 p.m. con la Mesa Directiva del Congreso y La Junta de Portavoces, actores igualmente deslegitimados. Luego de ella, se derogó la medida que decretó la inmovilización en Lima y Callao.
• Se activó la calle en la capital. La movilización era regional, desarticulada, con impacto, pero focalizada en algunos territorios. Con la medida de inamovilidad, además de vulnerar derechos, Castillo logró movilizar también a la capital, aparecen más sectores en la marcha y los cacerolazos se replicaron en varios distritos.
Posibles escenarios
▪ Sin norte y sin capacidad de respuesta. El margen de acción para el presidente y el Ejecutivo se acorta sin una estrategia a la vista. Luego de la censura al exministro de Salud, seguimos sin ministro del sector a la fecha y hoy los vacunatorios cerraron por la inmovilización. Las clases presenciales han sido suspendidas de nuevo. El Ejecutivo no gobierna, le será difícil recuperarse.
▪ Nuevo intento de vacancia. Una posibilidad que vuelve a aparecer, aunque con poca fuerza, es que algunas bancadas del Congreso activen una denuncia por acción inconstitucional al Presidente y sus ministros, en un nuevo intento de vacancia.
▪ Escalada fuerza la renuncia. Otro escenario a contemplar es que, de radicalizarse la protesta social en más territorios, con más actores y fuerza en la capital, a pesar de los esfuerzos hasta ahora ineficaces del Ejecutivo, se generaría más presión, caos extremo y forzaría la renuncia del presidente Castillo.
▪ Supervivencia y fragilidad. Por últimos acuerdos en Congreso y recordando que en muchos casos votan juntos contra reformas. Si no escala y sostiene la protesta y movilización, no se descartaría un escenario de supervivencia extrema y fragilidad política e institucional permanente del gobierno y el partido (Perú Libre), extendiendo la crisis pero con fragmentación de las “oposiciones”, acentuándose también el descrédito del Congreso.
*Escrito por Dante Vera, gerente general de V&C Analistas.
*Fotos por Diego Samanamud / Inforegión