A pesar de que el Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que Apurímac alcanzó un ritmo de crecimiento de su presupuesto público per cápita 2,5 veces mayor al promedio nacional en los últimos 11 años, ello podría echarse a perder ya que un grupo de comuneros de Fuerabamba (Cotabambas) -soliviantados por dos abogados, Frank y Jorge Chávez Sotelo- bloquean las vías nacionales entorpeciendo el libre tránsito de personas y vehículos.
Al respecto, el general PNP Max Iglesias, jefe de la Macro Región Cusco – Apurimac, informó que a las 9:30 a.m. del viernes 24 de agosto, un aproximado de 350 pobladores de Fuerabamba, liderados por su dirigente Gregorio Rojas Panebra, mantenía bloqueado el corredor vial en el sector de Yavi Yavi (Chumbivilcas) exigiendo diálogo directo con gerentes de la Empresa Las Bambas. Los manifestantes, incluso, abrieron zanjas en la vía como radicalización de la protesta.
Dos abogados contra el Estado de derecho y el avance económico
El riesgo que pone en peligro el avance económico apurimeño es que se multiplican los cuestionamientos sobre su principal motor económico, la actividad minera, que representa más de la mitad del PBI de Apurímac. Estos inconvenientes ponen en riesgo también el avance en general de la economía nacional. En el caso de Apurímac, se trata de dos hermanos quienes azuzan el ánimo de varias comunidades de la zona.
Se sabe que desde hace algunos años los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, abogados que recorren el llamado Corredor Minero para asesorar a las comunidades que decidan protestar contra las mineras de la zona, impulsan actitudes desconociendo acuerdos previos, buscando compensaciones millonarias difíciles de obtener en una negociación con las empresas a fin de generar, según denuncian algunos sectores, beneficios económicos personales de hasta 30% de honorarios para estos sujetos.
Siguiendo actitudes contra la ley en la zona se apreció la toma de carreteras y cómo los hermanos Chávez Sotelo desconocen a las autoridades (Fiscal, PNP y Subprefecto) manipulando a la población e indicando que “si ustedes están en sus terrenos que son de su propiedad y así haya una vía nacional que pase por aquí, ustedes toman esta decisión (bloquear las vías de uso público) no están cometiendo ningún delito”, lo cual es falso e ilegal como bien lo saben.
Un poco de historia
Tras ser advertidas de la presencia de los hermanos Chávez Sotelo, en noviembre del 2016 varias organizaciones locales suscribieron una carta, firmada por comunidades campesinas, organizaciones sociales, frentes de defensa y alcaldes de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso. En el documento se rechazaban las “agendas oscuras” de “personas extrañas”, como se denominó a los abogados citados.
«En los últimos meses, personas extrañas con intereses subalternos se han hecho presentes en nuestra provincia para aprovecharse de nuestras demandas legítimas, distorsionarlas y obtener beneficios económicos, políticos e ideológicos», dice la carta, que fue divulgada por varios medios de comunicación. Consultados sobre el tema por el diario El Comercio, los hermanos Chávez Sotelo aseguraron que no tienen ningún interés económico al asesorar a las comunidades y consideraron que se ha debido realizar la consulta previa en algunas concesiones mineras de la zona.
Otro factor a tomar en cuenta: Deficiente ejecución presupuestal
Otro de los principales desafíos en Apurímac, según el IPE, es la dificultad para manejar los recursos provenientes de la actividad minera de manera eficiente, como ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las regalías generadas entre agosto 2016 y junio 2018. En este período, Apurímac recibió S/ 514 millones, siendo beneficiados los gobiernos locales (97%) y el gobierno regional (3%). Sin embargo, y repitiendo una constante que se produce en otras regiones, apenas se ejecutaron S/ 260 millones, poco más de la mitad del total.
A esto se suma la detención de autoridades como Elías Segovia (exgobernador regional), Óscar Rojas (exalcalde de Andahuaylas), Odilón Huanaco (exalcalde de Cotabambas) y Antolin Chipani (exalcalde de Challhuahuacho), entre otros, que han colocado el tema de la gestión de los recursos recibidos por las autoridades (regionales y locales) como uno de los más importantes a fiscalizar en el próximo período gubernamental.
Actores importantes se unen para facilitar más recursos para la región
Pero no todo son malas noticias, pues el informe del IPE registra también que el inicio del pago por canon y sobrecanon para la región está cada vez más próximo (dependiendo del precio del cobre, aproximadamente, en dos años), por lo que el flujo de recursos públicos aumentará significativamente. Ello presentará una situación muy favorable para que las autoridades elegidas puedan gestionar múltiples obras.
Por ello, distintos actores que plantean la importancia de contar con una agenda común regional han saludado el reciente Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 “Apurímac para Todos” suscrito por 11 de las 12 agrupaciones políticas que participan en las elecciones al Gobierno Regional de Apurímac, esfuerzo que consideran puede constituir un primer paso en ese sentido.
Este documento, impulsado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de Apurímac, plantea políticas sociales, económicas, ambientales e institucionales, alineadas al Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).