Cada vez son más las personalidades que vienen expresando públicamente su rechazo al fallo del Poder Judicial de Piura que absolvió a los acusados del caso Jhinna Pinchi, la primera peruana que denunció públicamente ante las autoridades haber sido víctima de explotación sexual por una mafia dedicada a la trata de personas.
En esta oportunidad fueron los parlamentarios andinos Hilaria Supa y Alberto Adrianzén quienes expresaron su rechazo al fallo del PJ de Piura. El caso de Jhinna Pinchi se convirtió en un caso emblemático de la lucha contra las mafias de trata de personas, porque fue la mujer peruana que tuvo el coraje de denunciar públicamente ante las autoridades haber sido víctima de explotación sexual.
Ella fue llevada con engaños desde Tarapoto (San Martín) a Piura, en donde por dos años fue víctima de trata, retenida contra su voluntad y explotada sexualmente en un nigth club de nombre La Noche.
Finalmente, Jhinna pudo escapar y denunciar a los tratantes, lo que significó recibir amenazas de muerte.
“Claramente es una muy mala señal de desprotección hacia la víctimas de trata que está dando este fallo. ¿Qué otras víctimas se atreverán a denunciar a los tratantes después de esto?”, declaró la parlamentaria Hilaria Supa.
Por su parte, el parlamentario Adrianzén dijo que “no queremos inmiscuirnos en las competencias del Poder Judicial, pero hacemos un llamado a revisar los criterios y procedimientos mirando el bien público superior que en este caso es el combate a este flagelo que viene en aumento en nuestro país”.
Ambos parlamentarios andinos exhortaron a las autoridades competentes a actuar con firmeza para que este tipo de delitos no queden impunes y se sancione a las diferentes mafias que cometen este tipo de ilícitos en múltiples lugares del país.
Pidieron que dentro de estas medidas se dé una protección especial a las víctimas para que sus testimonios sean considerados elementos de prueba que formen convicción judicial en una futura sentencia condenatoria.
El fallo del Juzgado «A» de la Corte de Piura, a cargo de la jueza superior Socorro Nizama, absolvió a Nilson Prado Chicoma, Máximo Mogollón Peña y José Antonio Piscoya Paz, por “insuficiencia probatoria” en los delitos de favorecimiento a la prostitución, proxenetismo y trata de personas.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reportó que en Perú se ha registrado 1,112 casos de trata de personas desde enero de 2008 a julio de 2012. Sólo hubo 21 sentencias condenatorias y el 90 por ciento de ellas corresponde a mujeres.