El economista principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Paul Collazos, indicó que en un año podría implementarse la norma para regular el riesgo crediticio socioambiental, lo que implica una evaluación de cómo se llevan las empresas con las comunidades donde trabajan.
Collazos manifestó que la iniciativa surge porque podrían ocurrir conflictos que traen como consecuencia la suspensión o interrupción de dichos proyectos y “ello pone en riesgo el crecimiento económico”.
“Si estamos hablando que este tipo de medidas fomentarán las inversiones de gran escala, estimamos que puede agregar 1% o 2% al crecimiento del país en el largo plazo. Es una cifra significativa, ya que es el sector corporativo más importante del país donde se encuentra la cartera que concentra los megaproyectos”, declaró en entrevista a La República.
Dijo que, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, existen 90 empresas en el Perú que tienen relación con conflictividad social, de las cuales, según información de la SBS, 57 reciben créditos del sistema financiero peruano.
“Son empresas que tienen corporaciones en minería, hidrocarburos, energía, procesamiento químico y farmacéutico, grandes sectores ligados a este tipo de exposición”, precisó.