El Gobierno Regional de Huánuco aprobó la Ordenanza Regional que crea la Red Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, reconoció este tema como una problemática que requiere una urgente atención en esta parte del país y declara de interés regional la prevención y lucha contra la trata de personas en todo el ámbito jurisdiccional.
El jefe de la Oficina Defensorial en Huánuco, Pier Paolo Marzo, destacó el interés de la autoridad regional de prevenir y luchar contra este problema y resaltó que mediante oficio Nº 70-2012, dicho Gobierno dispusiese que la Dirección Regional de Educación sensibilice a los docentes respecto a este problema, a fin de que en sus planes de trabajo hagan lo propio con la población estudiantil, así como con los padres y madres de familia.
“Ante la preocupación por la explotación de personas en esta región, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de actividades incidiendo a nivel de instituciones públicas, privadas, sociedad civil y medios de comunicación, en la lucha contra la trata de personas”, manifestó.
En razón de ello, agregó que ha realizado diversos seminarios, talleres y mesas de trabajo, dirigidos al personal de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituciones Educativas, Gobierno Regional, Municipalidades, entre otros.
“Es así que se logró incluir dicha problemática en el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia del 2010 al 2021 que tiene como un eje estratégico la trata de niños y adolescentes” indicó el representante de la Defensoría del Pueblo.
Marzo, reiteró que la Defensoría del Pueblo saluda al Gobierno Regional de Huánuco, por asumir el compromiso de trabajar en la lucha contra la trata de personas en la región, situación que afecta los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas en esta parte del país.
La Red Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas está integrada por representantes del Gobierno Regional, del Poder Judicial, de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, de la Dirección Regional de Educación, del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones comprometidas en luchar contra este tipo de explotación.