El Congreso aprobó una reforma a las leyes de justicia y seguridad que prohíbe a la prensa el “manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”… a menos que sea la proporcionada por el mismo gobierno.
¿Se imagina que para reportar la violencia que acontece en el país los periodistas solo diéramos la versión de la Procuraduría? Eso es lo que pretende el gobierno de Sinaloa, que aprobó el miércoles un dictamen que no permite a los medios grabar audio, video o tomar fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, ni reportar información de seguridad pública o de procuración de justicia que no se desprenda de un boletín elaborado por las autoridades. Así la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública que aprobaron por unanimidad en el Congreso estatal.
El dictamen tenía la intención explícita de armonizar ambas legislaciones con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Sin embargo, entre varias disposiciones colaron el artículo 51bis dedicado directamente a los medios de comunicación y que va mucho más allá de la protección a los derechos de las víctimas e inculpados de un delito que contempla la Reforma Penal federal.
El artículo 51bis señala que los medios solo tendrán acceso a la información sobre las investigaciones a través de boletines de prensa, y ningún funcionario podrá dar informes sin autorización expresa del Procurador. Pero además especifica que “en ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo”.
Si bien se puede entender el lugar de los hechos como la escena del crimen, donde nadie, al margen de las autoridades puede entrar para respetar la investigación, la denominación es muy ambigua y no estipula si se pueden quedar los periodistas al lado de la cinta como se ha hecho hasta ahora o si eso quedará al criterio discrecional de los funcionarios públicos. Pero la prohibición expresa de tomas de audios, video o fotografía no solo restringe el trabajo de los periodistas, sino que vulnera directamente el derecho a la información.
El artículo 51 bis no termina ahí. Agrega que tampoco en ningún caso se podrá autorizar el “manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”. Es decir, los medios no podrán cubrir notas sobre delincuencia fuera de lo que marque el boletín. Esto atenta directemente al derecho a saber contemplado por el artículo VI de la Constitución.
“Violenta la libertad de expresión y el acceso a la información al establecer restricciones desproporcionales para obtener cualquier tipo de dato vinculado con temas de seguridad pública o de procesos penales e incluso la redacción es muy obscura y permite una gran arbitrariedad”, señala Ivan Báez, oficial del programa de protección y seguridad de Artículo 19, organización que vela por los derechos a la información.
“No vamos a poder saber el comportamiento de la delincuencia no solo organizada, sino de delitos comunes, robo de vehículos, no vamos a poder evaluar las estrategias de seguridad pública ni cuestionar a la autoridad por las decisiones que tomen. Es un bozal, la sociedad solo va a acceder a la información de Seguridad Pública que el poder quiera dar y eso es un control de la información hecho ley”, alega indignado Francisco Cuamea, Editor Jefe del diario Noroeste en Culiacán.
El experto en derecho procesal, el académico del ITAM Miguel Sarre, que participó en la discusión federal sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal, explica que de cumplirse esta disposición se llegaría al “absurdo” de impedir el simple hecho de fotografiar un accidente vial. “Los ajustadores de las compañias de seguros podrían ser impedidos para tomar placas de los vehículos colisionados; tampoco se podría filmar un asalto a mano armada o ¡se deberían borrar las filmaciones de las cámaras de seguridad! Ni siquiera se podrían hacer publicaciones difuminando las imágenes de los intervinientes en una ejecución en la vía pública”, detalla.
El diputado local, Roque Chávez, del PRI, alegó ayer ante los medios locales que “lo que estamos viendo es un cambio y todos los cambios generan incomodidades y protestas” y justificó el artículo 51bis como preservador de derechos.
“Actualmente, a como hemos llevado las cosas, hay periodistas que se asumen jueces y parte de los casos, inclusive con comentarios o editorializando, creando tendencias de lo que puede hacer. Lo mismo digo de la autoridad. Hasta este momento una autoridad detiene a una persona, dice que ya detuve al violador, ya detuve al narcotraficante, sin haberlo procesado”, argumentó.
Sarre, quién también ha participado en varias comisiones de la ONU como experto y defensor de derechos humanos, aduce que la ley va más allá de la protección de los derechos a la presunción de inocencia y a la protección de la imagen y de los derechos de la personalidad de los presuntos autores o las víctimas de un delito. Y asegura que lo único que protege es “la opacidad” en las tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Tacha el precepto de “inconstitucional “ e “irracional” hasta el punto que el precepto prohibiría incluso publicar estadísticas delictivas de la entidad como las del Inegi.
Los reporteros y organizaciones de periodistas locales pusieron el grito en el cielo y consiguieron que el Procurador estatal, Marco Antonio Higuera, reconociera que “si hay necesidad de presentar alguna iniciativa de reforma se tiene que hacer porque lo que se busca es tener toda la claridad” antes de publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
“Se tiene que revisar, nos cayó de sorpesa, se tendría que haber socializado antes”, asevera Carlos Rosas, director del medio digital sinaloense Café Negro. “El gobierno no puede adjudicarse ese control y el Congreso no puede aprobar algo así, es como una dictadura”, espeta Cuamea.
El gobierno que encabeza Mario López, una coalición entre PAN y PRD que gobierna desde 2011, ya ha intentado en sucesivas ocasiones establecer medidas de control de la información. Al inicio de su legislatura, propusieron un borrador de ley que establecía un padrón para que los periodistas registraran los reportajes que estaban haciendo, que finalmente no pasó. También quisieron establecer como requisitos para otorgar la licencia de manejo la toma de las huellas dactilares y el iris, así como una prueba de ADN.
Lo que no se cambió en esta reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia es la definición del Ministerio Público como “una institución de buena fe”, como sigue contemplándose en el dictamen.
Texto íntegro del artículo 51bis:
Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidades de acceso a la información pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia o de la unidad de acceso.
Solo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigacion inicial; siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.
Ejecutivo acataría modificaciones
Por medio de un comunicado, el gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, señaló que se pronuncia a favor de que el Poder Legislativo analice, y en su caso, modifique el contenido del dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ante la inconformidad y observaciones emitidas por representantes de los medios de comunicación, particularmente al artículo 51 Bis de dicha reforma.
En el escrito, el mandatario dijo que se apegará a las decisiones que asuma el Legislativo, dentro de sus facultades, pues no es la intención de su gobierno cometer excesos, “y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro de su profesión”.
Muestra de ello, precisó, es la voluntad mostrada por el Ejecutivo en otra serie de iniciativas promovidas, tales como la Ley de Protección a Periodistas, y la iniciativa en materia de transparencia, que otorga autonomía jurídica y presupuestal a la CEAIPES.
(*) FUENTE: Majo Siscar (@majosiscar) www.animalpolitico.com