“Lo que yo pido es garantías para mi persona y mi dos menores hijos que son pequeños, porque hasta el momento no tengo confianza ni en la Fiscalía de Chanchamayo, ni de de Pichanaki, tanto que prácticamente no me siento protegido”, declaró el periodista Gerson Cuba, cuya esposa fue asesinada en un atentado que iba dirigido a su persona en días pasados.
El periodista llegó a Lima acompañado de su colega Rolando Campos Flores, para denunciar las amenazas que continúan recibiendo, luego del atentado que acabara con la vida de una persona a manos de presuntos sicarios vinculados al tráfico de tierras.
En una conferencia realizada en el Consejo de la Prensa Peruana, Gustavo Mohme, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó que solicitará una reunión con el ministro del Interior, Daniel Urresti; y pedirán a la Fiscalía de la Nación que preste mayor atención al caso.
En la conferencia, Mohme denunció que la fiscal Raquel Miranda, que sin tener en cuenta la gravedad de los hechos, pidió licencia sin realizar las investigaciones correspondientes.
Ambos periodistas, quienes tiene un programa noticioso en radio Rumba, venía denunciando desde hace varios meses los supuestos abusos de traficantes de tierra y recibieron amenazas de Alfredo Torres Cano, un presunto traficante de tierras, quien estaría ligado al Movimiento Político Regional Perú Libre que irá a la segunda vuelta en las elecciones a la Presidencia del Gobierno Regional de Junín.
Cuba y Campos denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de Torres Cano y ahora temen por sus vidas porque según comentarios que habrían recibido en la zona, «ese personaje se los compra fácil» a fiscales y policías de la región.
Por su parte, Kela León, directora ejecutiva del CPP, afirmó que “hay una preocupación porque las agresiones a los periodistas cada vez son más violentas, hay un número en aumento de amenazas de muerte, el viernes pasado ha habido el caso de la periodista Paola Collazos y José Sutaje, corresponsales de América TV y Canal N en la región Ayacucho, que viene recibiendo amenazas de muerte de las mafias vinculadas con narcotráfico; y el informe de octubre de la SIP da cuenta del colega Manuel Calloquispe, de INFOREGIÓN, que ha solicitado garantías para su vida y aún no las recibe, y quien ha sido amenazado por denuncias efectuadas contra la minería ilegal”.
Finalmente Mohme informó que pedirán una cita lo más pronto posible con el ministro del Interior y buscarán ayuda legal para los periodistas amenazados.
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