[Espacio Compartido] Lo de la captura de los pishtacos que mataron a 60 campesinos para vender grasa humana es uno de los psicosociales más torpes y grotescos que he conocido en toda mi vida de observador político. Repito lo que escribí en Peru21:
“Tal ha sido la centralidad del espía que ni siquiera la alucinada historia de los ‘pishtacos’ ha podido competir. Según nuestro ministro del Interior, la PNP descubrió una banda que asesinó a 60 campesinos para sacarles la grasa y venderla a 15,000 dólares el frasco. (¿Cándido o fallido émulo de Luza y Montesinos?). Un absurdo que revive una antigua leyenda originada en temores ancestrales en el mundo rural, pero que ha dado la vuelta al mundo como cierta, dejando al Perú como una tierra de salvajes. (Siendo en comparación la historia del pulmón una anécdota: ¿le quitaría la nacionalidad el presidente a su ministro por el daño ocasionado?)”.
Toda persona medianamente informada sabe que nada de lo que el ministro dijo tiene un mínimo asidero en la realidad. A la versión la han hecho ya puré en Enemigos Íntimos y Prensa Libre y las primeras caricaturas en los diarios son buenísimas (El Comercio, Gestión). Habrá que esperar El Otorongo para seguir riéndonos.
¿Quién está detrás y qué se quiso tapar con esta monumental estafa a la credulidad popular?
En esta oportunidad hay que descartar el más alto nivel. Alan García puede tener defectos pero es inteligente y sabe que una historia así estallaría en el ridículo rápidamente. Además, al gobierno no le viene nada mal la discusión sobre el espía que hoy domina los medios, en la que el país está unido detrás del gobierno y frente a la que no hay cuestionamientos importantes a la forma en que éste ha actuado.
Creo que esto no se ha movido a nivel de gobierno en general. Sería una movida, en mi opinión, del propio Salazar. Me pregunto qué lo habría llevado a tratar de distraer la atención pública con algo tan jalado de los cabellos.
Podrían ser los tremendos avisos que el Grupo Wong sacaba en todos los periódicos esos días sobre su inacción en Andahuasi, en que lo increpaban constante y directamente de coludirse con un grupo empresarial cercano al gobierno e impedir que la Policía cumpla sus funciones.
Quizás eso también influyó, pero mi hipótesis es que lo que centralmente se trataba de tapar es la tremenda revelación que ha hecho Ricardo Uceda en la Revista Poder en su artículo El misterio del escuadrón de la muerte que da cuenta de denuncias de ejecuciones extrajudiciales de delincuentes en Trujillo. Algo nunca antes visto en el Perú y que debe ser cortado de raíz.
Salazar fue jefe policial allí en el 2006 y sé positivamente que ya sabía que esa publicación estaba en camino.
El artículo debe leerse completo y las autoridades hacer algo con lo que allí se denuncia, pero escojo aquí sólo unos párrafos para reforzar mi argumento.
Empieza diciendo Uceda :
«El jefe policial de La Libertad, general Raúl Becerra, reveló el 20 de octubre pasado que en Trujillo han muerto 56 delincuentes en enfrentamientos con la policía. De inmediato el ex director de la PNP Gustavo Carrión, escribió en el blog Espacio Compartido que ello sugería una perversa tendencia en la lucha contra la inseguridad. “El uso letal de las armas de fuego para eliminar delincuentes –añadió– lo único que provocará será la retaliación de la violencia”.
Más adelante:
«En un caso típico de la versión oficial, los integrantes de una patrulla –de casualidad o avisados por terceros– sorprenden asaltando a dos o más ladrones. Estos huyen, disparando a los policías, quienes, al darles el vuelto, los matan. Acto seguido, las pericias balísticas demostrarán que los abatidos estaban armados y que sus armas fueron disparadas».
(…)
La situación es el resultado directo del Decreto Legislativo 982, dado en julio del 2007, que eximió de responsabilidad penal a policías que “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muerte”. Hay que suponer que casi de inmediato los delincuentes trujillanos tuvieron la mala idea de enfrentarse a balazos con la policía. La racha de muertos por enfrentamientos comenzó precisamente en agosto del 2007. Terminó a fines del año pasado, cuando empezó a actuar una asociación trujillana de defensa de los derechos humanos de los delincuentes».
(…)
«Miembros de conocidas bandas se han entregado porque temían estar en una lista negra de próximos ejecutados. Su atemorizada versión apareció sin medias tintas en los medios. Sin embargo, a Rafael Reyes Velásquez, “Loco Johnny”, no le sirvió haber alertado públicamente que la policía quería matarlo. El 20 de febrero de 2008 envió una carta de denuncia a la Asociación Pro Derechos Humanos. Tres meses después estaba muerto».
Una parte especialmente grave es donde Uceda dice:
«Durante la investigación para esta nota, que incluyó conversaciones confidenciales con policías en actividad y en el retiro, y entrevistas con personajes del círculo delictivo, entre otros informantes, se recogieron versiones de que una política de “limpieza social” empezó a ser concebida en la policía de Trujillo por entonces, aunque nadie aportó evidencias. Una fuente entregó una grabación en la que se escucha la conversación de un empresario trujillano con varias personas. El empresario dice haber recibido la visita de una autoridad de la policía a la que menciona por su nombre, para solicitarle apoyo económico destinado a financiar la eliminación de delincuentes. El dinero serviría para pagar a los confidentes que brindarían la ubicación de los objetivos».
Aunque la grabación es auténtica, el nombre del oficial no es difundido aquí porque fue obtenida sin consentimiento de los participantes y en sí misma no constituye una prueba. Por otra parte, en 2006, durante la gestión del general Salazar, no hubo muertes de delincuentes por enfrentamientos con la policía. La oleada mortal comienza a mediados del 2007, luego del D.L. 982, y abarca las gestiones de los generales Carlos León, hoy Inspector General, y Raúl Becerra, quien ejerce hasta la actualidad».
Estamos ante las acusaciones más graves de violaciones de derechos humanos desde la época de la lucha contra Sendero Luminoso.
Esta historia no ha concluido y los que pudiesen estar involucrados tienen fundadas razones para preocuparse. Podrán pasar los años pero las familias nunca olvidan, por más delincuentes que pudieran haber sido los afectados. Por cierto Uceda da cuenta que se ha formado la “Asociación de Víctimas Ejecutadas Extrajudicialmente en la Libertad por la PNP”.
¿Sería eso lo que le preocupaba a Salazar y quería que la investigación de Poder pasase desapercibida?
¿Sería ese el origen de ese mamarracho de psicosocial que ha dejado al Perú ante el mundo como un país primitivo donde cualquier cosa puede pasar?