En los últimos años, en diferentes regiones del país, las autoridades que fueron elegidas por el pueblo para guiar sus destinos se han visto implicados en actos de corrupción que los ha llevado a la cárcel o a fugarse para no responder por sus actos; en muchos casos, sus “cabezas” ahora tienen precio.
A finales del año 2015, el ministerio del Interior (Mininter) crea el Programa de Recompensas. Este permite “otorgar un beneficio económico a los ciudadanos que brinden información a la Policía Nacional del Perú (PNP) que permita identificar y capturar a miembros de organizaciones criminales o requisitoriados”.
Entre estos prófugos están varios exgobernadores y exalcaldes, junto a terroristas y otros delincuentes involucrados en actos de alta lesividad de todo el país. Desde su relanzamiento, en el 2016, el Programa de Recompensas del Mininter ha incluido a 3 922 requisitoriados por diversos delitos, y ha logrado poner tras las rejas a 2 016 personas.
El exministro Juan Silva sigue sin aparecer
De enero del 2022 a la fecha se ha logrado la captura de 180 personas requisitoriadas por la justicia por diversos delitos. Es así que, con apoyo de la ciudadanía, se capturó por ejemplo a Arturo William Cárdenas Tovar, alias “Pinturita”, buscado por el delito de organización criminal en el marco del caso Los Dinámicos del Centro.
Y otro nombre conocido es el del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, por el delito de organización criminal. Por él se ofrece un beneficio económico de S/ 50 000 a cambio de información que conduzca a su captura.
En este reportaje, elaborado por la Red de Medios Regionales del Perú, conoceremos a los siete exalcaldes que estuvieron entre los más buscados y/o por su cabeza ofrecían una recompensa. También abordaremos la gestión de seis exgobernadores que terminaron en la cárcel o están cumpliendo condena y por qué se investiga a otros seis.
LORETO: EXAUTORIDADES CON PROCESOS JUDICIALES Y SENTENCIAS
El exgobernador Regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, luego de un largo proceso en el que fue acusado de distintos casos de corrupción, fue condenado a nueve años de prisión por colusión agravada.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto consiguió que se dicte sentencia condenatoria de nueve años de pena privativa de la libertad para él y otros cinco implicados en ese delito, por el ilegal direccionamiento en el proceso para la construcción de cuatro motochatas fluviales (barcazas para el transporte de carga), en el año 2013.
En febrero del presente año, la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundada la casación presentada por el expresidente regional contra la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que confirma así su condena de nueve años de cárcel efectiva.
Otro exgobernador es investigado
Asimismo, el exgobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, fue investigado por el delito de peculado doloso en perjuicio del Estado. Y en marzo del 2022, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra esta autoridad y otros 11 investigados, entre funcionarios y terceros.
La acusación se basa en la investigación fiscal realizada en 2020, dónde se habría puesto al descubierto que los funcionarios imputados autorizaron que se tramite la contratación de servicios de alimentación y alojamiento para los ciudadanos que se encontraban varados en esta región, tras decretarse el aislamiento obligatorio por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por la covid-19.
Exalcaldes con sentencias por lavado de activos peculado doloso
El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, Marden Paredes Sandoval, fue sentenciado en octubre del 2022. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto le dictó sentencia de 10 años de pena privativa de libertad efectiva, por el delito de lavado de activos.
Según la imputación fiscal, durante su período de alcaldía (2011 al 2014), Paredes Sandoval obtuvo una serie de ganancias ilegales a través del otorgamiento de la buena pro de una obra pública licitada por el municipio de Requena. La acción delictiva también se consumó con otros consorcios que ejecutaron obras públicas.
Otra autoridad procesada es Jane Donayre Chávez, exalcaldesa del distrito de Punchana. En marzo del 2022, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, siendo investigada por los presuntos delitos de peculado doloso y cohecho activo en agravio del Estado peruano.
Donayre presentó una demanda de Habeas Corpus en contra de los jueces que dictaron su prisión preventiva en diciembre del año 2022. Sin embargo, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto resolvió declarar improcedente este recurso.
OFRECEN S/ 10 MIL POR EXALCALDE PRÓFUGO EN LA LIBERTAD
En La Libertad, solo un exalcalde figura en la lista de los más buscados del país. Se trata de Roger Emilio Quispe Rosales, de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), quien fue burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Moche, en la provincia de Trujillo, y tiene sentencia firme. El ministerio del Interior ofrece S/ 10 000 por información sobre su paradero.
El delito por el que se le condenó es negociación incompatible. En el 2019 se le sentenció a 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva. El caso se remonta al 2011, cuando la exautoridad edil simuló una licitación para favorecer a un postor y contratar tres maquinarias.
Sin embargo, también tiene una sentencia por colusión. La Fiscalía acusó a Quispe Rosales de suscribir un contrato de recaudación tributaria con una empresa denominada Vallejos Goicochea Service Ingeniería Digital E.I.R.L. Esto, de manera irregular y sin contar con la aprobación del pleno del concejo municipal.
La referida empresa se encargaría de realizar una supervisión y recuperación del dinero de impuestos que algunas compañías se resistían a pagar. Este fue el caso de Coca Cola, a la que se le cobró un impuesto por alcabala de cerca de S/ 100 mil, dinero que se convirtió en una pérdida para la comuna.
Roger Quispe, de 54 años, había sido alcalde de Moche entre 2007-2018. Los primeros cuatro años con Fuerza Democrática y los últimos ocho años con APP. Entre 2003 y 2006 fue regidor de ese distrito por la Lista Independiente ‘Contigo Trujillo’.
Otro alcalde estuvo prófugo y con recompensa, pero Poder Judicial le cambió sentencia
En el caso del exalcalde del distrito trujillano de Víctor Larco, Carlos Vásquez Llamo, el 14 de diciembre de 2021, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratificó una sentencia de pena privativa, por el delito de colusión agravada. En primera instancia fue de cinco años, pero finalmente los magistrados de la sala dictaron cuatro años y seis meses.
El caso se remonta al 2010, cuando la empresa Edicas S.A.C., encargada de ejecutar la construcción de un muro de contención para los oleajes anómalos del balneario de Buenos Aires, resolvió el contrato y la municipalidad no advirtió responsabilidad alguna. La obra estaba valuada en más de un millón y medio de soles.
Vásquez Llamo es afiliado del partido político de APP, con el cual llegó a ser alcalde por 12 años: desde 2007 hasta el 2018.
EN ICA, LOS ÚLTIMOS TRES GOBERNADORES REGIONALES ESTÁN INMERSOS EN PROCESOS POR CORRUPCIÓN
La corrupción ha empañado el sistema político regional en Ica. Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción emitió un informe sobre “Los Avances de la Corrupción desde la Perspectiva de la Defensa Jurídica del Estado”. Esta investigación abarcó los gobiernos regionales y locales de los 24 departamentos, una Provincia Constitucional, 195 provincias y 1 845 distritos.
Allí figura que en la región Ica, los últimos tres gobernadores regionales están inmersos en procesos por corrupción. El exgobernador Fernando José Cillóniz Benavides (período 2015-2018), tiene un expediente que está en diligencia preliminar por el presunto delito de malversación de fondos. Además de una investigación formalizada por el presunto delito de colusión agravada, y otra investigación por peculado doloso que está en etapa intermedia.
Asimismo, Javier Gallegos Barrientos, quien gobernó Ica durante el período 2019 – 2022, tiene 51 casos fiscales en la provincia de Ica. Y una investigación en la fiscalía anticorrupción en Lima. Los casos de mayor relevancia que tiene el exgobernador son por los presuntos delitos de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado). El caso se encuentra en investigación preliminar, y también figura una investigación por el presunto delito de extracción ilegal de bienes culturales. Además de seis casos fiscales por el presunto delito de lavado de activos.
Otro exgobernador investigado por colusión agravada
Igualmente, Alonso Alberto Navarro Cabanillas, exgobernador regional de Ica del 2011 al 2014, tiene un expediente en etapa intermedia por el presunto delito de colusión simple. Y otra investigación que se encuentra en diligencia preliminar por el presunto delito de colusión agravada.
En el 2019, la Contraloría General de la República hizo una auditoría al proyecto “Mejoramiento de los servicios de prevención de la comisión de delitos y faltas en la jurisdicción de la Dirección Territorial de la Policía de Ica”, que tuvo perjuicio económico de más de S/ 17 millones, un proyecto que inició en el gobierno de Navarro y se continuó con el exgobernador Cillóniz.
PUNO: DOS GOBERNADORES REGIONALES PASARON POR LA CÁRCEL Y TRES ALCALDES TIENEN SENTENCIA
En la región Puno, varias autoridades regionales y municipales tuvieron problemas con la justicia. Esto, debido a actos de corrupción o irregularidades que cometieron durante el ejercicio de su función.
Entre los más emblemáticos, se encuentran los casos de exgobernadores, alcaldes provinciales y distritales. Ellos son: Walter Aduviri Calisaya, Agustín Luque, Iván Flores Quispe, David Mamani Paricahua, Felipe Vilca Chambi, Gregorio Luque Apaza y Edgar Mamani Cariapaza.
Agustín Luque Chayña estuvo en la cárcel por conciliación irregular
Después de 16 meses, el lunes 6 de marzo, el ex gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, salió de la cárcel junto a su ex asesor Jhon Martínez Molina. Su liberación se dio luego de que la Sala de Emergencia declarara infundado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía para prolongar 10 meses más la prisión preventiva contra el exgobernador.
El 8 de noviembre del 2021, al exgobernador regional lo detuvieron preliminarmente por orden del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Extensión de Dominio. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno solicitó la captura de Luque Chayña y su asesor. El motivo es que ambos pactaron una conciliación irregular con el ciudadano chino, Chen Junkun, representante del Consorcio Hospitalario Manuel Núñez, que ejecutaba la nueva construcción del hospital MNB.
El entonces gobernador favoreció a los representantes del referido consorcio, evitando el cobro de una millonaria penalidad que ascendía a 504 mil 727 soles. El representante de la procuraduría regional fue desplazado de la conciliación entre el consorcio y el GORE Puno. En su lugar, participó como representante del Gobierno Regional de Puno, el asesor Jhon Martínez Molina. Por este hecho, ambos fueron acusados por el presunto delito de concusión en su modalidad de colusión agravada.
Walter Aduviri condenado por el delito contra la tranquilidad pública
Al líder aimara, Walter Aduviri Calisaya -quien llegó al gobierno regional de Puno tras ganar en las elecciones regionales y municipales del 2018-, lo condenaron en agosto del 2019 a seis años de prisión efectiva, por el delito contra la tranquilidad pública. Se le consideró como coautor no ejecutivo de los disturbios que ocurrieron durante el denominado “aimarazo”.
Aduviri Calisaya permaneció recluido en el penal de Puno, desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020. La Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente fundado el recurso de casación que la defensa del ex gobernador presentó y ordenó su liberación tras revocar la primera sentencia que lo condenaba a seis años de prisión efectiva. A cambio, se dispuso cuatro años de pena suspendida para la exautoridad regional.
David Mamani Paricahua, exautoridad que murió en la cárcel
En febrero del 2016, al exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Mamani Paricahua, lo internaron en el penal de Puno, tras capturarlo en su vivienda por agentes de la Policía.
Al exburgomaestre lo intervinieron cuando se encontraba en calidad de prófugo de la justicia. Había huido cuando el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó para él nueve meses de prisión preventiva por presuntos delitos contra la administración pública.
Mamani Paricahua permaneció recluido hasta el 8 de marzo del 2017. Cuando estaba a punto de cumplir los 9 meses de prisión preventiva, murió a causa de las múltiples heridas que tenía en el cuerpo, principalmente una en el cuello. Al momento de su muerte tenía 52 años. Sobre las causas de su asesinato, se rumorearon diversas hipótesis: suicidio, ajuste de cuentas por lavado de activos. El tema no se ha aclarado hasta el momento.
Iván Flores Quispe permaneció 22 días en la cárcel
Al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, lo encarcelaron en pleno ejercicio de sus funciones. El 25 de agosto del 2017, el juez de Investigación Preparatoria, Youl Riveros Salazar, dictó nueve meses de prisión preventiva para el entonces burgomaestre y su prófuga asesora, Inés Béjar, por presuntos malos manejos de las donaciones que la empresa Backus hizo para la organización de la festividad de la Candelaria 2015.
Pero el 15 de setiembre del mismo año salió en libertad por disposición de la Sala Penal de Apelaciones, que declaró fundado el recurso que presentó el abogado de Flores Quispe.
Felipe Vilca Chambi
En marzo del 2022, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Muñani, Felipe Vilca Chambi, recibió una sentencia por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Puno, a 3 años y 9 meses de prisión suspendida, por el delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo involuntario.
A Vilca Chambi se le halló culpable al pedir S/ 7,400 de coima para viabilizar el pago por la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la avenida Muñani”.
Gregorio Luque Apaza
En junio del 2021, el exalcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro, Gregorio Luque Apaza, fue sentenciado por el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno a 17 años y 6 meses de prisión efectiva por la comisión de los delitos de peculado doloso, malversación de fondos y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En su periodo, que data desde el 2013 al 2014, el burgomaestre ejecutó el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Juan del Oro del Distrito de San Juan del Oro – Sandia – Puno”.
Para este proyecto se gastó más de S/ 6 millones, que era el 97% del presupuesto. Sin embargo, la obra solo tenía un avance del 23%, es decir un gasto real de un millón 561 mil soles. La fiscalía halló 4 millones 508 millones en pérdida.
Edgar Mamani Cariapaza
El Cuarto Juzgado Unipersonal de Puno sentenció en julio del 2021 al exalcalde distrital de Platería, Edgar Mamani Cariapaza, a cuatro años de pena suspendida por los delitos de negociación incompatible. Dos de sus funcionarios también fueron sentenciados por el delito contra la administración pública, colusión agravada y negociación incompatible.
De acuerdo a la tesis fiscal, los funcionarios y el alcalde favorecieron a una empresa en la adjudicación del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Secundaria Manuel Z. Camacho en Platería”.
UN EXALCALDE DE AYACUCHO ENTRE LOS MÁS BUSCADOS
Según el programa de recompensas del ministerio del Interior, ninguna exautoridad de la región de Ayacucho se encuentra ahora entre los más buscados del Perú. Tampoco se reporta requisitorias; sin embargo, varias autoridades locales y hasta congresales se encuentran investigados por el Ministerio Público.
A Germán Tacuri Valdivia, actual congresista de la República, lo investiga la Fiscalía de la Nación por presuntamente pertenecer a la organización denominada “Los Niños”. Esta organización supuestamente estuvo liderada por Pedro Castillo, según la acusación de un colaborador eficaz.
En el ámbito local se investiga a Eduardo Huacoto Díaz, director del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) por varias irregularidades en la ejecución de sus obras cuando ocupó el cargo en la gestión anterior. Esto lo advirtió por la Contraloría General y el Consejo Regional de Ayacucho. Es así que la ratificación en su puesto por parte de la gestión de Wilfredo Oscorima Núñez sorprendió a toda la población.
Ofrecían S/ 20 mil por un exalcalde
Por otro lado, el 13 de setiembre del 2022 se capturó en la ciudad de Huancayo a Roger Ochoa Cárdenas, exalcalde de la provincia de Vilcashuamán, a quien sentenciaron a seis años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio y se encontraba en la base de requisitorias del ministerio del Interior, donde se ofrecía de recompensa por la exautoridad de S/ 20 mil.
El caso inició el 15 de mayo de 2019 cuando la Fiscalía logró que se condene a Ochoa con seis años y ocho meses de prisión por recibir sobornos en dos cheques con montos por S/ 324 mil y S/ 183 mil. Ocurrió en las propias instalaciones de la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán.
EN JUNÍN NO HAY EXAUTORIDADES REQUISITORIADAS
En Junín, el gobernador regional Sózimo Cárdenas Muje, asumió el cargo el 1 de enero con cerca de 30 investigaciones fiscales en su contra por presuntos delitos contra la administración pública que habría cometido en diversas funciones que se le encomendó.
Primero, en sus dos periodos de alcalde distrital en Pichanaqui, en Chanchamayo (2007-2010 y 2014 – 2018), donde habría generado un perjuicio económico de S/ 10 millones, según la Contraloría. Luego, como gerente general en la región Pasco (2019), al inicio de la gestión de Pedro Ubaldo Polinar.
Recientemente, la fiscalía de Pasco le ha iniciado una investigación preliminar por ocho meses, por el presunto delito de negociación incompatible y/o colusión agravada por la adquisición de equipos médicos en la pandemia.
A su vez, el exgobernador Fernando Orihuela Rojas tiene una reciente investigación por agredir física y psicológicamente a su pareja, a la salida de una discoteca en Huancayo.
EXALCALDES DE CUSCO CON ORDEN DE CAPTURA Y PROCESADOS POR CORRUPCIÓN
La corrupción es un tema muy presente en la política peruana y Cusco no ha sido la excepción. Varios exalcaldes de diferentes distritos están procesados por delitos relacionados a esta problemática.
Uno de ellos es José Luis Ríos Álvarez, quien fue alcalde del distrito de Echarate, en La Convención. Actualmente lo están procesando por corrupción y hay una orden para su captura dentro y fuera del país. Además, se solicitó prisión preventiva para él y ocho exfuncionarios. La orden de captura se emitió el 24 de febrero del 2016.
Otro caso es el del exalcalde del distrito de Vilcabamba, Juan Eudes Olivera Ricalde. Él está acusado por el presunto delito de colusión agravada por malversar fondos públicos cuando era alcalde entre los años 2011 y 2014. En mayo del 2016 se le ordenó una prisión preventiva por 18 meses, fugó y el ministerio del Interior ofreció una recompensa de S/ 20 mil a quien diera información sobre su paradero. Finalmente, la PNP lo capturó en junio del 2018.
Exalcalde fugó, pero lo atraparon el mismo año
Julián Incaroca Ninancuro también está involucrado en casos de corrupción mientras fue alcalde del distrito de San Sebastián, en la provincia de Cusco. Fue regidor en ese mismo distrito desde el 2007 hasta el 2010 y luego asumió como alcalde entre los años 2011 y 2014. Está acusado por los delitos de colusión simple, lavado de activos y abuso de autoridad, debido a irregularidades en la ejecución de obras públicas. La justicia lo condenó a nueve años de prisión en el año 2016, cuando fugó. Finalmente fue capturado por la PNP ese año.
Por otro lado, Víctor Orosquipa Huiche también es un exalcalde procesado por corrupción mientras estuvo a cargo del distrito San Pedro, en la provincia Canchis.
Otros ex alcaldes han sido capturados por diversos tipos de conductas ilícitas, a lo largo de los años. Sus acciones ilegales no solo afectan directamente las finanzas públicas, sino también afectan indirectamente a toda la población que vive dentro estos distritos porque impiden la ejecución adecuada y eficiente de obras públicas, necesarias para mejorar las condiciones sociales y económicas locales.
AREQUIPA: UN EXALCALDE FUGADO Y CON RECOMPENSA, UN GOBERNADOR EN LA CÁRCEL Y OTROS CON PROCESO O BAJO INVESTIGACIÓN
Omar Candia Aguilar, el exalcalde provincial de Arequipa, está incluido en la lista de los más buscados del ministerio del Interior, desde el 18 de noviembre de 2022 está no habido.
Fue ese día que los jueces de la Sala Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa le ratificaron, por unanimidad, su condena de seis años de prisión efectiva por la compra irregular de 40 cámaras de seguridad cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre.
Al momento de la lectura de sentencia, se ordenó la captura inmediata de Candia y otros dos imputados. El delito por el que lo sentenciaron es el de colusión agravada, y el proceso inició en 2013.
El controversial gobernador de Arequipa
En tanto, el exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está cumpliendo un dictamen de 36 meses de prisión preventiva. Actualmente cumple con trabajar en el taller de carpintería del penal de Socabaya, por el caso en investigación denominado Los Hijos del Cóndor.
Además, el Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, solicitó nueve años de cárcel para Cáceres Llica, como autor del delito contra la administración pública, colusión agravada por la adquisición de 116 butacas para el coliseo de La Montera, cuando era alcalde provincial de Caylloma.
Mientras que el pasado 27 de noviembre la justicia decretó prisión efectiva para el expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides. El juez Eddy Leva lo condenó a 2 años y 11 meses de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de colusión simple, que cumplirá en el penal de varones de Arequipa. Esto será una vez que quede firme la condena en una segunda instancia.
La exautoridad regional recibió esta pena por las irregularidades detectadas en la ejecución de los estudios de factibilidad de la emblemática obra Vía Arequipa – La Joya. Según la acusación fiscal, Guillén Benavides concertó directa e indirectamente para direccionar el proceso de contratación a favor del consorcio Ingeniería Arequipa – La joya.
Dos exgobernadoras en investigación
En tanto, Yamila Osorio Delgado, la exgobernadora de Arequipa, no podrá ausentarse del país en 18 meses a solicitud del equipo especial Lava Jato. Es así que, en enero del presente año, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones para la exautoridad regional. Esto, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, que se habrían cometido durante su mandato, entre 2015-2018.
Además, se dispuso otras medidas como la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, ni variar de domicilio sin previa autorización judicial.
De otro lado, a la exgobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, también la investiga la Fiscalía Anticorrupción. Según una denuncia del sindicato de trabajadores de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), a Gutiérrez la acusan de haber, presuntamente, orquestado en el 2020, el proceso de revocatoria en contra del entonces gobernador Elmer Cáceres Llica, quien actualmente, se encuentra encarcelado y fuera del cargo.
Reportaje elaborado por la Red de Medios Regionales del Perú
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