El sector maderero estuvo este año en el ojo de la tormenta, debido a las denuncias por presuntos casos de corrupción e incapacidad en el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA en el otorgamiento de concesiones forestales y en el aumento del porcentaje de caoba y cedro exportable, especies en vías de extinción.
El 31 de enero, los empresarios agrupados en el Comité de Industria de la Madera de la Asociación de Exportadores, ADEX, firmaron un Código de Ética con diez medidas para vender y explotar la madera en forma lícita y adoptaron medidas para cumplir con el Protocolo de Enmienda Ambiental del Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos sobre exportación maderera.
Otro punto polémico en este sector se dio en febrero, cuando el INRENA autorizó la exportación del 26% de caoba y 36% de cedro aprovechadas. Los expertos criticaron que estos valores de rendimiento de madera de exportación correspondían a otras realidades y no tomaba en cuenta que ambas especies están protegidas en el país.
El 3 de noviembre INFOREGIÓN informó que la Contraloría General de la República investigaba a los funcionarios del INRENA por la devolución en marzo de madera extraída ilegalmente entre el 2006 y 2007 por once concesionarios forestales en Yavarí, Iquitos, zona en donde está prohibida la tala de cedro y caoba.
También se investigó la derogatoria de la resolución Nº 020-2008 emitida por el ex intendente Forestal y de Fauna Silvestre, Edgardo Lizárraga, con lo cual se interpretó de forma diferente la Ley 27308 que declaraba en veda por diez años la extracción de caoba y cedro en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purús.
Contra todo pronóstico, en ese mismo mes, marzo, la jefatura nacional del INRENA despidió a Lizárraga, quien dispuso la inmovilización de dicha madera, y a Nélida Barbagelata Ramírez, Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos, quien sancionó a los concesionarios.
Finalmente, el nuevo jefe de INRENA, José Luis Camino Ivannisevich, dejó sin efecto dicha inmovilización y el flamante administrador técnico forestal de Iquitos, Antonio Pesantes, devolvió la madera ilegal.
Las comunidades amazónicas frenaron las cuestionadas leyes forestales
La promulgación del Ejecutivo el 28 de junio del Decreto Legislativo 1090, conocido como nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, causó alarma entre los sectores ambientalistas que denunciaron que promovía la deforestación masiva de los recursos y generó la protesta masiva de las comunidades que vieron amenazada su integridad territorial.
En esa fecha, también fueron promulgados 32 decretos más para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, TLC.
La polémica se dio porque el artículo 9 del Decreto Legislativo 1090 permitía la concesión por iniciativa privada de bosques maderables sin concurso público y sin límite de hectáreas, abriendo la amazonía a empresas multinacionales y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los bosques.
Igualmente, el decreto 1064 aprobaba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario y establecía que las tierras no trabajadas eran de dominio del Estado, haciendo peligrar las tierras ancestrales de las comunidades nativas, las mismas que no fueron consultadas sobre estas normas, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que el Perú firmó.
En los meses siguientes, los ambientalistas agrupados en el Foro Ecológico y otras plataformas denunciaron que el decreto 1090 reducía al mínimo la participación de la sociedad civil al eliminarse la figura de los Comités de Gestión de Bosques y el órgano consultivo representado en la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR.
Otro riesgo era que la ley daba oportunidad a los traficantes ilegales de madera a legitimar su producto, lo cual podría generar problemas en el marco del TLC suscrito con Estados Unidos pues el comprador busca que el vendedor garantice la procedencia legal de los productos forestales.
A mediados de agosto, diversos colectivos cívicos de Madre de Dios, Loreto, San Martín, Ucayali y otros puntos de la selva, junto al Foro Ecológico, se reunieron en Lima para elaborar una propuesta alternativa al decreto 1090.
En tanto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso preparaba un proyecto de ley alternativo al decreto 1090 y organizó el 16 de setiembre una audiencia pública para discutir la nueva propuesta legislativa.
Como paso previo a la implementación del TLC, el 3 de octubre la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos pidió al gobierno peruano resolver este problema generado el decreto 1090 que reduce la definición de Patrimonio Forestal y deja fuera de ese régimen a unas 45 millones de hectáreas de tierras, equivalentes al 60% de los bosques.
Los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Amazonas realizaron en Iquitos el 2 de noviembre una audiencia en la que acordaron exigir al gobierno central la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 por atentar contra los pueblos amazónicos.
Proyecto de ley 2691 alterno al DL 1090
El 9 de ese mes, la congresista Elizabeth León Minaya anunció que había presentado el proyecto de ley 2691 para reemplazar a la cuestionada norma, promoviendo la participación de los pequeños productores madereros y las comunidades nativas y en la que se devuelve las tierras de producción forestal al patrimonio nacional.
En tanto, el Congreso constituyó una Mesa de Diálogo con representantes de la Cumbre Amazónica y parlamentarios de la Amazonía, encargada de “evaluar y analizar de manera urgente” los controvertidos decretos emitidos por el Ejecutivo con la finalidad de que puedan ser modificados y/o derogados, según sea el caso.
Los decretos en cuestión estaban referidos al régimen jurídico de tierras en uso agrario y eriazos (DL. 1064), al uso de semillas transgénicas (DL. 1080), a los recursos hídricos (DL. 1081), al régimen excepcional de COFOPRI (DL. 1089) y de recursos forestales (DL. 1090) que ocasionaron conflictos sociales en la amazonía peruana.
La demora en el cumplimiento de la modificación del Código Penal y el fortalecimiento del control de la tala ilegal sería la causante de que la puesta en marcha del TLC se postergue hasta el próximo año.
Finalmente, el 17 de diciembre, la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de Ley 2691 que permitirá derogar el cuestionado decreto legislativo 1090, el cual pretendía sacar del patrimonio forestal a las tierras de producción agrícola y de protección para que se pueda promover la plantación de caña brava y bambú. Se espera su próxima aprobación por el pleno del Congreso.
La Amazonía se levantó contra la Ley de la Selva
Otro tema que marcó el año fue el cuestiomiento a la denominada “ley de la Selva” y que ocasionó marchas, movilizaciones y protestas de las comunidades nativas.
A mediados de febrero, diversos sectores ambientalistas cuestionaron que los textos sustitutorios que proponían modificar la Ley Nº 28852 de Promoción de la Inversión Privada y Reforestación y Agroforestería, conocida como la Ley de la Selva, no siguieron el camino correcto y obviaron la consulta con los actores sociales.
Igualmente, otro error del proyecto fue desconocer que la mayor parte de las áreas de la selva intervenidas, a las que el proyecto de ley llamaba erróneamente “deforestadas”, son áreas con dueños comunales, aunque estos no tengan título de propiedad.
El 30 de mayo, el grupo de trabajo sobre Pueblos Indígenas del Congreso expresó su profundo rechazo por la reciente y sorpresiva aprobación del Decreto Legislativo 1015 que simplifica la disolución de las comunidades campesinas y nativas con el voto del 50% de sus miembros posesionarios con más de un año de antigüedad y que además podrá disponer o vender de sus tierras simplemente con la aprobación de la mitad de los asistentes a una asamblea ordinaria.
Esto provocó las protestas de más de cinco mil indígenas de Ucayali, quienes se movilizaron por las calles de Pucallpa en rechazo a la ley que promueve la inversión privada en las comunidades nativas.
Lo mismo ocurrió con diferentes frentes cívicos, federaciones agrarias y 65 etnias amazónicas que hicieron paros, por lo que el Gobierno decreto estado de emergencia en Amazonas, Loreto, San Martín y Cusco.
Ante este conflictivo panorama, el 19 de agosto la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional calificar y acelerar su pronunciamiento acerca de la demanda de inconstitucionalidad contra el controvertido decreto.
Además, aclara al Tribunal que la emisión del Decreto Legislativo Nº 1073, que modificó el 1015, no es una solución.
Finalmente, y tras un largo debate, el 22 de agosto el Pleno del Congreso derogó por 69 votos a favor y 29 en contra los decretos legislativos 1015 y 1073 referidos al quórum requerido para que las comunidades nativas decidan el uso de sus tierras. Además, se restituyó los artículos 10 y 11 de la Ley 26505, referidos a la inversión privada en las comunidades de la sierra y la selva.
Concluida la votación en el Congreso, miles de nativos congregados en la Plaza Central de Bagua Chica, en Amazonas, celebraron jubilosos el triunfo que, indicaron, restituye sus derechos y autonomía.
Luego de este episodio, todos los sectores ambientalistas coincidieron en que de esta forma se rectificó el tremendo error que el Gobierno cometió al no consultar a aquellos que supuestamente se iban a beneficiar.
El 20 de setiembre, el entonces presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 ante el vencimiento del plazo para que el Poder Ejecutivo pudiera observarla.
Sanciones a los delitos forestales
El 13 de febrero, el Comité de Madereros de ADEX pidió sanciones adecuadas contra la tala ilegal y exigió que el Estado verifique a los concesionarios antes de dar nuevas autorizaciones para la extracción forestal pues suele confundirse el comercio ilegal de madera, en la que participan funcionarios corruptos, con la tala ilegal.
En tanto, a fines de agosto se denunció que mafias estarían talando los bosques en las comunidades cercanas al Parque Nacional de Otishi, en San Francisco en el VRAE.
La zona se encuentra habitada por comunidades indígenas comprometidas con el uso sostenible de los recursos naturales y especies animales.
Luego de muchos vaivenes, recién el 14 de setiembre, el Congreso aprobó el proyecto de Ley 29263 promovido por el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para modificar el Código Penal a fin de endurecer las sanciones para quienes cometen delitos contra el medio ambiente.
De esta forma, se penalizará a todos los actores involucrados en la tala ilegal, tanto al que ejecuta el hecho como al servidor público que pudiera intervenir, así como al que adquiere, transporta, almacena y vende la madera también está incurso en el delito penal. La norma tiene estándares internacionales de protección y control ambiental.
Igualmente, se incorporaron nuevos delitos penales, como la emisión de gases tóxicos que antes no estaba tipificado, se han establecido formas agravadas de estos delitos en el campo administrativo para el que falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, para quien obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora.
Sin embargo, el Proyecto Transparencia Forestal Perú consideró que la penalización se concentrará en el productor forestal o en el funcionario público y no en los exportadores. Como se sabe, el TLC exigía elevar las penas a los taladores ilegales para garantizar la procedencia lícita de estos productos.
Más tala ilegal
Por otro lado, las denuncias por tala ilegal continuaron el resto del año. El 19 de octubre, la Organización No Gubernamental Inter Étnica de Reforestación Amazónica, denunció que taladores ilegales están extrayendo grandes cantidades de madera de territorios de comunidades nativas ubicadas en la provincia de Padre Abad sin que las autoridades del INRENA reaccionen.
Igualmente, la oficina del INRENA en el VRAE alertó que personas inescrupulosas dedicadas a la extracción ilegal de madera estarían manipulando a diversas comunidades nativas para extraer sus recursos maderables de forma irracional. Dijo que su institución viene sensibilizando a los pobladores de los distritos de Pichari y Kimbiri, quienes ya cuentan con un plan de manejo forestal.
En tanto, en Aguaytía, pobladores denunciaron al jefe de la comunidad nativa de Mariscal Cáceres, Rochi Jacob Estrella, por traficar madera de las tierras comunales.
Pero la zozobra de la población ante la presencia de madereros ilegales y armados en Ucayali y San Martín es creciente, sobretodo cuando el INRENA decomisa madera ilegal.
NO a los productos transgénicos y apuesta por cultivos orgánicos
Otro tema de arduo debate durante el año fue la intención del Ministerio de Agricultura de introducir productos transgénicos al país.
Incluso, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, advirtió el 30 de junio que los cultivos transgénicos (productos modificados genéticamente) generarían un gran problema al arrollar nuestros recursos genéticos y hacer perder al país la herencia en biodiversidad.
Por eso, pidió prudencia pues somos un país con miles de recursos genéticos entre ellos, tres mil variedades de papa, 55 variedades de maíz y 182 especies domesticadas de plantas y variedades de animales.
Además, pidió revisar la Ley de Bioseguridad que en esos momentos alistaba el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, del Ministerio de Agricultura y que buscaba dar luz verde a la era de los transgénicos en el país, en desmedro de la producción orgánica.
Alertó que los productos transgénicos son patentados por grandes empresas y que no resolverán el tema de la pobreza y el hambre en el país porque los campesinos pobres no podrán tener acceso a ellas debido a su alto costo.
En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Exportadores, ADEX, que pidió públicamente que se promuevan los cultivos orgánicos que en el Perú ha cobrado fuerza gracias a la creciente demanda que proviene, generalmente, de los países del primer mundo, sobre todo de Europa, donde son muy bien catalogados y reconocidos.
Inclusive, con el afán de promover el desarrollo sostenible de la producción orgánica, el 29 de enero se aprobó la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (Ley N° 29196), abriendo oportunidades a más de 35 mil pequeños y medianos agricultores dedicados a la producción orgánica.
Contra los transgénicos
El ministro Brack lideró la posición de debatir la conveniencia del ingreso de transgénicos a nuestro país. Incluso, inició una campaña denominada “Perú, libre de transgénicos”. A fines de julio, Cusco fue la primera región en declararse libre de transgénicos, en tanta Lambayeque y Huancayo trabajaban el tema.
Los ambientalistas recordaban que los transgénicos están diseñados para tres semillas de las transnacionales, como son la soya, maíz y canola y resaltaron en todos los foros el perjuicio que ocasionan a la salud del ser humano al propiciar diversos tipos de cáncer, alergias y males cerebrales en los niños.
El 26 de agosto, el ministro Brack presentó el primer Centro de Intercambio de Información Nacional sobre Bioseguridad, CIISBn del país y enfatizó que es su sector el que debe regir la política ambiental nacional así como fijar políticas de bioseguridad que protejan y fortalezcan el uso sostenible de nuestra diversidad biológica.
El debate continuó durante esos meses con la part6icipación de todos los sectores de la sociedad civil.
El 11 de setiembre, en Tingo María, se realizó un debate académico sobre el uso sostenible de la biotecnología, con la participación de autoridades locales e instituciones de investigación de nivel nacio0nal, que permitió analizar los peligros de la ingeniería genética en la producción de alimentos.
En ese contexto, la Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso estaba revisando el proyecto de ley 1141, que propone regular los productos transgénicos, y el proyecto de ley 2601, que plantea establecer las normas complementarias a la Ley de Protección al Consumidor sobre el etiquetado de alimentos transgénicos.
Cuestionados reglamentos
Igualmente, duras críticas recibió el Reglamento de la Ley de Semillas, pues abría la posibilidad de que las empresas introduzcan semillas transgénicas en el país, porque solo exige un control fitosanitario y no una evaluación para determinar si tienen o no un origen transgénico, alertó la Sociedad Nacional del Ambiente en octubre.
Lo más grave, según los especialistas era que la norma aprobada por el sector Agricultura no especificaba la prohibición o restricción de estas semillas transgénicas al país, al tiempo que se denunció la existencia de conflicto de intereses al interior del INIA para favorecer el ingreso de organismos genéticamente modificados.
Finalmente, y gracias a la presión ciudadana, el 4 de diciembre, el Ministerio de Agricultura prepublicó en su portal de Internet el borrador del reglamento sobre bioseguridad que establece los procedimientos para la importación, comercialización, producción e investigación de semillas y granos transgénicos en el país, abriendo con ello el pase al debate público en este importante y desconocido tema.
La discusión continuó porque al publicarse el reglamento, se comprobó que increíblemente no incluía al Ministerio del Ambiente como ente competente en el tema.
Finalmente, el 19 de este mes, el ministro Brack informó que un grupo de trabajo integrado por representantes de los ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud y Producción definirá la política normativa de transgénicos y elaborará la reglamentación pendiente sobre políticas de bioseguridad para el agro, alimentos procesados y pesca.
Los productos orgánicos salvarán la economía del país
Mientras tanto en el 2008 los productos orgánicos y alternativos a la producción de la hoja de coca tuvieron un gran auge y desarrollo.
El 6 de febrero, la Junta Nacional del Café destacó el reconocimiento internacional a la calidad del café peruano y su alto valor en los mercados mundiales y a ello se sumó el éxito que lograron los pequeños productores organizados en cooperativas y asociaciones del Alto Huallaga.
Los esfuerzos por apoyar a los agricultores de productos orgánicos se plasmó en el convenio entre DEVIDA y el Servicio Nacional de Sanidad, SENASA, para ejecutar la ampliación de la cobertura de asistencia técnica para el mantenimiento y comercialización de café, cacao y Sacha Inchi en el VRAE, en el marco del Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las Drogas, PIR, en marzo.
Existe un mercado mundial de productos ecológicos creciente dado que las ventas mundiales en el año 2007 fueron de US$ 35 mil millones que representan el 5% de ventas totales de alimentos.
Además, en 20 regiones hay 40 mil productores ecológicos, con 150 mil hectáreas de cultivo intensivo y 200 mil hectáreas de bosques y pastos naturales certificados como ecológicos, ubicando al Perú en tercer lugar en América Latina, indicó el ministro Brack.
El 22 de abril, DEVIDA transfirió un millón 812 mil 966 nuevos soles al Gobierno Regional de San Martín para la ampliación de la cobertura de asistencia técnica en los cultivos de cacao, café, palma aceitera y palmito, así como la crianza intensiva de ganado de leche en la provincia de Tocache.
Al mes siguiente, INCAGRO, la Cooperativa Agraria Industrial de Naranjillo y la Asociación de Productores Agropecuarios de Naranjillo-Anexos pusieron en marcha tres importantes proyectos productivos para mejorar los ingresos económicos de agricultores de cacao y café orgánicos y de ganaderos del Alto Huallaga, con una inversión de 812 mil soles.
En junio, la ampliación del convenio entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD, permitió que cerca de 850 familias de San Martín que antes se dedicaban al cultivo ilegal de hoja de coca se beneficien con la instalación de 2.500 nuevas hectáreas de palma aceitera.
Replicar experiencias exitosas de San Martín en el VRAE
El 11 de junio, el entonces ministro de Agricultura, Ismael Benavides, indicó que los programas de cultivos como café, cacao y palma aceitera que habían tenido un gran éxito entre los agricultores de Tocache, en San Martín, serían replicados en el VRAE.
Asimismo y con ,mucha satisfacción, el 21 de julio, Sierra Exportadora anunció que unos 155 ex cocaleros del distrito de Pangoa, en Satipo, enviaron su primera remesa de 40 toneladas de cacao a Argentina, Chile, Colombia, España, Reino Unido, Francia, Italia, Suiza, Suecia, Alemania, Japón e Indonesia.
También destacaron los convenios entre las cooperativas y los gobiernos locales. Por ejemplo, el 11 de agosto, la Cooperativa Naranjillo firmó un convenio con el gobierno regional de Ucayali para instalar en la Divisoria, en Padre Abad, mil hectáreas de café.
Naranjillo, Premio a la Excelencia
Ese mismo mes, una grata noticia vino desde Tingo María. Naranjillo la emblemática cooperativa de la zona, recibió el premio a la Excelencia en la Agroexportación por parte del Ministerio de Agricultura por el incremento de su producción de cacao, un premio justo para el esfuerzo desplegado por todos los agricultores socios de la eficiente cooperativa.
Producto de ese esfuerzo la Cooperativa Naranjillo cerró el año con un récord de ventas de cacao por un monto de 30 millones de nuevos soles y se espera llegar a la cifra de dos millones dos mil 652 toneladas de este producto.
En agosto el comisionado para la Paz y el Desarrollo del Alto Huallaga, Víctor Raúl Ramírez, alertó del incremento de cultivos de hoja de coca ilegal en los alrededores del distrito de Rupa Rupa, muy cerca de Tingo María, situación que contrastaba lo ocurrido en Ucayali y San Martín, donde el incremento de hectáreas de cultivos alternativos era notorio.
Entretanto, el 19 de setiembre, el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez y Jorge Durand, jefe del Programa de Desarrollo del VRAE, analizaron los avances de los proyectos de desarrollo aplicados en diversos sectores del VRAE.
El presupuesto de este año de dicho programa fue de 190 millones de soles y se priorizaron cultivos alternativos (café, cacao y noni) en lugar de plantaciones de hoja de coca.
Los esfuerzos del país en la lucha contra los cultivos de coca fueron reconocidos el 29 de setiembre, cuando Adriana Henao, representante de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD, de la OEA, destacó la experiencia y liderazgo del Perú en el continente en lo que respecta a los programas de desarrollo alternativo frente a los cultivos ilegales que se utilizan para la elaboración de droga.
En tanto, el 3 de octubre, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, señaló que el gobierno de su país elevará la cooperación en nuestro país a fin de incrementar en 20% cada año los cultivos de café.
Perú, líder en exportaciones de cultivos orgánicos
Por otro lado, el ministro Brack se mostró satisfecho porque el agro peruano se constituyó en líder en exportaciones de banano, cacao, café orgánico y trucha orgánica, y destacó que se estén descubriendo en el mundo los aromas y sabores de los cacaos de Pachiza, Juanjuí, Alto el Sol y otras partes del Huallaga.
En tanto, DEVIDA destacó que la ejecución de programas de desarrollo alternativo ha permitido reinstalar cultivos lícitos en 82 mil hectáreas que en los últimos años estuvieron dedicadas a la siembra y producción de coca.
En noviembre, la Viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Vanesa Vereau, destacó que el Perú viene exportando productos de biocomercio por más de un millón de dólares en el último año. Entre los productos con mayor salida se encuentran el sacha inchi, la sangre de grado y las flores, entre otros.
La funcionaria dijo, además, que la cartera del Ambiente viene trabajando junto con el Ministerio de Agricultura, en una política nacional de biodiversidad, que incluye una política de bioseguridad para ver el tratamiento de los transgénicos y así determinar cuál sería nuestro potencial mayor.
La agricultura ecológica en el país, en alza en los últimos años, actualmente agrupa a 40 mil productores ecológicos cultivando unas 300 mil hectáreas y que exportaron el año pasado productos por un valor de 160 millones de dólares.