Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH, expresó su condena ante los actos «fratricidas» que se presentaron desde la madrugada del 5 de junio pasado y que han causado la muerte de gran cantidad de efectivos de las fuerzas del orden y de nativos de las comunidades amazónicas que protestan para lograr la derogatoria de la llamada ‘Ley de la Selva’, DL 1090, así como de otros dispositivos legales que – señalan – vulneran sus derechos.
En un enérgico comunicado la CNDDHH precisa que «Ante los terribles hechos ocurridos desde la madrugada del 5 de junio en la provincia de Bagua, expresamos nuestro profundo pesar y nos unimos al luto nacional por la muerte de decenas de compatriotas en circunstancias de violencia. Nos solidarizamos con los familiares de todas las víctimas: nativos, ciudadanos y policías, enfrentados en una violencia fratricida como resultado de malas decisiones políticas».
El documento refiere que indigna profundamente el uso de la violencia en la búsqueda de la solución de estas discrepancias «venga de donde venga», por ello rechaza el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil, pero también deja claro que, con el mismo rigor, condena la agresión y el secuestro de los efectivos policiales por parte de los manifestantes.
«Es inadmisible el asesinato de policías. Es igualmente inadmisible actuar contra la población civil con armas de fuego. Ambas son conductas reiteradas que hemos venido condenando y denunciando, sin obtener una adecuada reacción estatal y que, en este caso, han terminado segando la vida de decenas de compatriotas», explica el texto.
CNDDH denuncia conducta negligente de las autoridades
Para la Coordinadora, las autoridades del Estado han actuado de forma «negligente» en la solución del conflicto con las comunidades nativas de la selva que se inició hace más de 50 días y que ha llegado al trágico desenlace que es de público conocimiento.
«En efecto, hace más de un año las comunidades nativas vienen exigiendo se derogue un conjunto de decretos legislativos que afectan sus legítimos derechos y que son inconstitucionales y violatorios de normas internacionales por haberse aprobado sin cumplir con el proceso de consulta a las comunidades nativas, tal como lo ha señalado claramente la Defensoría del Pueblo», advierte.
«Por ello condenamos la falta de voluntad política, la indiferencia y la falta de transparencia de las autoridades, que ha terminado por colocar en situación de riesgo mortal, con su inacción y su mala gestión en el manejo del conflicto, tanto a la población civil de la ciudad de Bagua, a los nativos awajún que ejercían su derecho a la protesta, como a los efectivos policiales destacados en la zona», agrega el comunicado.
Gobierno debe dar información oficial de número de víctimas
Del mismo modo, el pronunciamiento pide con la mayor urgencia al gobierno otorgar información oficial del número de víctimas civiles, que hasta el momento son inciertas; y precisar la relación de detenidos, heridos y fallecidos. Además, solicita la identificación de los cadáveres y la entrega de los fallecidos a sus familiares.
«Así mismo, es urgente dar la seguridad necesaria para la acción de los organismos de acción humanitaria, de las Iglesias, de las propias autoridades y de la sociedad civil», puntualiza.
De otro lado, el texto invoca al cese de las acciones de violencia y al restablecimiento del diálogo como único mecanismo en la búsqueda de la solución a los problemas en democracia.
«Invocamos urgentemente a todas las partes en el conflicto a cesar de inmediato toda forma de violencia y a restablecer el diálogo como único mecanismo legítimo para dar solución a los problemas en democracia. Así mismo, rechazamos el recurso a la represión como medio para enfrentar los conflictos sociales. El control de la violencia y el restablecimiento del orden público se deben realizar con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos», expresa.
Líderes indígenas y autoridades deben retomar la serenidad
El texto solicita, finalmente, a los líderes indígenas, a la poblaciòn y a las autoridades, a retomar la serenidad pues » Todos tenemos el deber de respetar la vida. Nadie puede atentar contra la vida de los policías que cumplen servicios en la zona, y de encontrarse aún retenidos, deben ser puestos en libertad y sus vidas deben ser respetadas».
Advierte que la policía no puede disparar indiscriminadamente contra los nativos o cualquier otro ciudadano que proteste. «El Gobierno y el Congreso deben asumir la responsabilidad que hasta el momento han eludido con el resultado trágico que ahora lamentamos», reclama.
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