Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Andinos de la Defensoría del Pueblo, manifestó en el programa radial Diálogo Ambiental producido por INFOREGIÓN, que espera que el convenio suscrito entre su entidad y el Ministerio del Ambiente, permita la reducción de la situación de conflictividad en el país.
El convenio marco dirigido a prevenir conflictos socioambientales, fue firmado el pasado viernes 10 de julio en la sede de la Defensoría del Pueblo por el Ministro del Ambiente, Antonio Brack y la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
Esta alianza en materia de prevención y atención de problemas ambientales que en ocasiones derivan en conflictos – dijo Lanegra – “es una labor que venimos realizando (en la Defensoría) y que el Ministerio del Ambiente, MINAM, está buscando atender, y nos parecía un momento oportuno para plantear esa cooperación mutua”.
Agregó que uno de los objetivos centrales del convenio es compartir información entre ambas instituciones.
“Cada mes la Defensoría del Pueblo emite un reporte de la conflictividad en el país y, precisamente, en el último reporte del mes de junio, el 47% de los conflictos, es decir 128 de los 273 que existen en el país identificados por la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con temas ambientales”, precisó.
En ese sentido, el funcionario detalló que esa cifra, de casi la mitad de los conflictos, ha venido presentándose de manera permanente, motivo por el cual, la información que la Defensoría maneja en conflictividad, las alertas tempranas que realizan en la materia, son herramientas de información que sin duda van a servir al Ministerio del Ambiente.
Por otro lado, continuó, el MINAM como organismo técnico responsable del tema por parte del Poder Ejecutivo, puede trabajar en información que todos los actores que ven el tema ambiental pueden utilizar para trabajar de manera adecuada la resolución de los conflictos.
Tarea de todos
En otro momento de su alocución, Iván Lanegra manifestó que la Defensoría del Pueblo cuenta con 37 oficinas en todo el país que ven y atienden una serie de temas vinculados muchos de ellos con el problema de conflictividad.
“La Defensoría del Pueblo cuenta con una Adjuntía especializada en el tema, que es la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, por lo tanto, tenemos una experiencia muy importante en el tema de atención a los conflictos”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que el tema pasa ahora por la capacidad de gestión que el propio Estado debe tener, en el nivel no solo nacional, sino también regional.
“Nosotros, en un reciente informe en el tema de descentralización, hemos constatado que existen todavía debilidades importantes en el ámbito regional que tienen que ser corregidas. Tienen que ser fortalecidas las capacidades de los gobiernos regionales para poder atender los conflictos”.
Dijo que un esfuerzo de descentralización real, implica da y atender las responsabilidades desde los niveles de gobierno que corresponden y no concentrar todo a nivel nacional.
“Nuestro interés es ir reduciendo esta situación de conflictividad y creemos que la colaboración del Ministerio del Ambiente en este esfuerzo va a ser muy importante, pero estamos convencidos que este esfuerzo requiere integrar a otros ministerios, a gobiernos regionales, a municipalidades (…) este convenio es sin duda para el país una esfuerzo y esperemos que también se den esfuerzos similares en otras áreas del Estado, debe ser un esfuerzo de todos”.
Finalmente, el Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Andinos de la Defensoría del Pueblo, refirió que este es un esfuerzo de largo plazo, y los dos años establecidos en el documento son solo en el nivel inicial, pues el propio convenio permite la renovación automática del mismo.
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