Los insistentes cuestionamientos contra el presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), Wilfredo Oscorima, encontraron incidencia en la Gerencia de Auditoría de la Contraloría General de la República, en cuyas recomendaciones después de evaluar su primer periodo de gestión, asegura que se debe impartir procesos penales en su contra por el presunto delito de colusión.
Este supuesto legal sería resuelto en la Procuraduría Pública de Ayacucho este miércoles 21 del presente, donde se evaluará si se direccionó el proyecto de construcción del Hospital Regional de Ayacucho nivel III-1 y la restauración de los colegios “Mariscal Cáceres” y “San Ramón”.
Esta revisión efectuada por la Contraloría entre enero del 2011 y diciembre del 2013, cuestiona el contrato firmado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que se encargó de organizar y supervisar los procesos de licitación que son objeto de controversia.
Este “examen especial” que realizó la Contraloría sobre el GRA también puntualiza que por estos supuestos direccionamientos Ayacucho perdió 10 millones 292 mil 789 nuevos soles.
Si bien este informe no es concluyente, se debe apreciar que estos direccionamientos ahora no sólo son versiones de algunas autoridades, provienen del máximo órgano de control y supervisión de recursos y Bienes del Estado.
Además: “Para la aprobación de los expedientes técnicos, el presidente regional (Oscorima), impulsó y creó una comisión encargada solamente de la recepción y la aprobación, no obstante la exigencia de una comisión que recepcione evalúe y apruebe expedientes”, precisa el examen especial de la Contraloría.
A esto se suma que el contrato suscrito con la OIM no tenía “razones económicas” para efectuarse y estén acordes con lo especificado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Sin embargo, puntualmente este informe, concreta que hubo deficiencias en el estudio de mecánica de suelos, el estudio de impacto ambiental y de instalaciones eléctricas, en la construcción del Hospital nivel III-1.
Al respecto, el asesor legal del GRA, Alberto Ochoa, sostuvo que esta evaluación es preliminar y no concluye nada de manera objetiva, además de cuestionar el trabajo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
“Hay un complejo de ‘felipillo’ ahí. Primero lo filtran a la prensa antes que nos notifiquen personalmente… Tenemos una tradición histórica por incomodar. Casi una inquietud orgásmica”, refirió.
De otro lado, el exgerente general del GRA, Richard Prado, mencionó que estos cuestionamientos no “alcanzan” a su gestión en vista que el contrato con la OIM, se produjo durante la administración de Carlos Palomino, en la Gerencia General del GRA.
“Cualquiera tiene análisis ligeros, estos proyectos están planificados y tengo toda la documentación al respecto, todos los proyectos tienen certificación presupuestal”, indicó.
Se debe precisar que mediante organismos internacionales como la OIM, los procesos de licitación son desarrollados en un plazo máximo de 45 días, fecha cuando se debe certificar a un proveedor.
Asimismo, Prado manifestó que el retraso en la ejecución de algunos proyectos de inversión, sucede cuando se formular observaciones en la OSCA, las mismas que no ocurren cuando un proceso de licitación es conducido por un organismo internacional.
Finalmente se debe aclarar que la OIM exige como pago el 2% del presupuesto de un proyecto (Jornada).