El Contralor General de la República, Nelson Shack, informó que durante el segundo semestre del presente año se iniciará el control posterior para identificar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios públicos que habrían cometido irregularidades durante la ejecución de los recursos públicos. asignados a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Así lo anunció ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, en la que manifestó que dicho control se fundamentará en los más de 7 mil informes de control emitidos como resultado de la estrategia integral a la emergencia sanitaria que se aplicó en todo el país.
Asimismo, señaló que antes de pasar a dicha etapa, se verificará si las autoridades atendieron y activaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos o situaciones adversas identificados desde el mes de marzo, plasmados en los informes de control simultáneo disponibles en el portal web Monitor de Control y Transparencia COVID-19. El control posterior implicará el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, a nivel individual, que motivará posibles denuncias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por otro lado, el contralor recordó que ya se alcanzó al Ministerio Público la relación de los 4200 funcionarios públicos que se habrían beneficiado indebidamente con canastas básicas familiares, según los reportes alcanzados por los respectivos municipios, informó la Contraloría a INFOREGIÓN.