La procuraduría de la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público por delitos de corrupción a altos mandos de las Fuerzas Armadas, implicados en la contratación fraudulenta por 40 millones de soles de una compañía de seguridad israelí para entrenar a los comandos que luchan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en el 2009.
La acusación alcanza a los número uno y dos del Ejército, el comandante general del Ejército, general de división Ricardo Moncada Novoa; y el inspector general del Ejército, general de división Felipe Aguilar Vizcarra. Y con ambos, el comandante general de la Región Militar del Sur (RMS), general de división Benigno Cabrera Pino, amigo del presidente de la República.
Los tres oficiales ocuparon posiciones en el Estado Mayor del Comando Conjunto cuando se contrató a la compañía Global CST y los instructores de ésta cumplieron con el adiestramiento a los comandos que cumplen funciones en el Vraem.
El número dos de la Marina, el jefe de Estado Mayor, vicealmirante Reynaldo Pizarro Antram, es otro de los denunciados, ya que ocupó la jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2009-2010) general EP (r) Francisco Contreras Rivas y el ex inspector general del Ministerio de Defensa vicealmirante (r) Carlos Tubino Arias Schreiber, actual congresista fujimorista, han sido señalados por la Contraloría como actores importantes del caso.
Una investigación de La República destapó la sospechosa contratación de la empresa israelí Global CST en el 2009, cuando recién se produjo el acuerdo comercial.
NEGOCIO A LA MEDIDA
De acuerdo con el informe de la Contraloría recibido por el Ministerio Público, pese a las irregularidades en la contratación, Tubino dio la conformidad del servicio a la empresa Global CST, encabezada por el brigadier general (r) Israel Baruch Ziv.
El informe de la Contraloría también atribuye responsabilidad a los viceministros de Políticas de la Defensa entre 2009 y 2010, los embajadores José Bellina Acevedo y Vicente Rojas Escalante.
El ministro de entonces era Rafael Rey, quien ha dicho que pone «las manos al fuego» por los funcionarios bajo su gestión, y ha rechazado de plano la acusación.
«Esa contratación es una de las mejores que ha hecho el Comando Conjunto en el Perú (…) le ahorró al Perú millones de dólares y muchas vidas humanas», dijo tras calificar la denuncia de «patraña».
La contratación de Global CST se hizo sin licitación, sin estudios técnicos, sin carta fianza que la compañía estaba obligada de acreditar y sin que la empresa estuviera inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como dispone la ley. La operación se consumó bajo secreto militar. Suscribieron el contrato, el 20 de octubre del 2009, el entonces jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras, el viceministro de Políticas para la Defensa, José Bellina, y el representante de la firma israelí, el coronel (r) del ejército israelí Ofer Dvir.
Curiosamente, para formalizar legalmente el contrato, el general Contreras suscribió la resolución del Comando Conjunto (Nº 683/CCFFAA/ADM/CE), fechada el 20 de octubre.
La Contraloría descubrió que la resolución es fraguada. El documento original autoriza solo la contratación del transporte marítimo de los efectivos militares en misión de paz en Haití. Los conspiradores añadieron un párrafo para dar el visto bueno ilegal a los servicios de Global CST.
CON LA PLATA DE TODOS
Ambos documentos, el verdadero y el falsificado, llevan la firma del entonces jefe del Comando Conjunto, Francisco Contreras, según pudo comprobar La República.
Según los hechos descritos por la Contraloría, y consignados en la denuncia formulada ante el Ministerio Público, la compañía Global CST recién presentó la Carta Fianza por 3,9 millones de soles el seis de noviembre de 2009. Sin ese documento, estaba impedida por ley para contratar con el Estado, pero los funcionarios del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto pasaron por alto la obligación para favorecer a la empresa.
Además, los promotores del contrato no incluyeron el IGV ni el Impuesto a la Renta, que Global CST estaba obligada a cancelar.
Para cumplir con la obligación tributaria, las autoridades del Comando Conjunto elevaron el monto original del contrato –que era de 26.1 millones– a 39.8 millones de soles mediante una irregular adenda al contrato. La diferencia de 13.7 millones de soles se destinó al pago del IGV, el Impuesto a la Renta y las multas por no haber abonado en debido momento los tributos, que al final los asumió el Comando Conjunto y no la compañía israelí.
En el contenido del contrato, la empresa Global CST identifica a los adiestradores israelíes que cumplirían con el servicio a los comandos llevados al Vraem, pero la Contraloría detectó que ninguno de los nombrados vino al Perú. Fueron otros los efectivos que arribaron al país.
Es más, las autoridades del Comando Conjunto implicadas dieron luz verde al desembolso del dinero a la compañía israelí, sin que la División de Inteligencia de dicha dependencia diera su conformidad por el servicio prestado: otra acción que favoreció a la firma del brigadier general Israel Baruch Ziv.
ACUSADOS POR DELITOS DE COLUSIÓN Y POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
La Contraloría atribuye a las ex autoridades del Comando Conjunto y del Ministerio de Defensa los presuntos delitos de colusión y de falsificación de documentos en agravio del Estado.
Fuentes vinculadas con el comandante general del Ejército, Ricardo Moncada, y el jefe de la Región Militar del Sur, general Benigno Cabrera, negaron haber tenido participación en el contrato de Global CST. El congresista Carlos Tubino rechazó las imputaciones de la Contraloría.
También han sido acusados el contraalmirante Armando Brandon Zerga; los coroneles FAP Álvaro Guerra Carrillo y Welder Del Águila Tello; los coroneles EP Juan Bazalar Pérez y Luis Altez Ríos; y el contraalmirante (r) (r) Juan Narro Lavi.
EN CIFRAS
– 26.1 Millones de soles es el monto original del contrato.
– 13.7 Millones se le añadieron al contrato por los impuestos.
– 39.8 Millones es el monto final que costó el contrato. (Ángel Páez)