El Comercio. Las demostraciones públicas realizadas por simpatizantes de Sendero Luminoso, que se han atrevido a marchar con trapos rojos dentro del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, despiertan rechazo e indignación y hacen revivir los horrores de una etapa sangrienta que creíamos superada.
El presidente Alan García ha sido enfático al señalar que su gobierno no permitirá este tipo de manifestaciones en pro de quien, con acierto y valentía, ha calificado de “carnicero”, es decir el criminal Abimael Guzmán, “Gonzalo”.
La ciudadanía y los propios estudiantes ajenos y opuestos a esta banda delictiva exigen una reacción urgente y firme de las autoridades universitarias, cuya indolencia, irresponsabilidad y permisivismo han facilitado que se llegue a estos extremos.
Al respecto, llama poderosamente la atención la minimización de estos escandalosos por parte del rector de la Universidad Decana de América, doctor Luis Izquierdo Vásquez. Para él, no pasa nada.
Compete también al Gobierno y al Ministerio del Interior reforzar las labores de inteligencia e identificar fehacientemente a quienes vienen haciendo apología del terrorismo en este y otros centros universitarios.
Los extremos a que se está llegando demandan la exhaustiva revisión y aplicación de las políticas antiterrorista y de seguridad ciudadana.
No se puede descuidar ni minimizar las acciones de los senderistas que subsisten ahora como mercenarios del narcotráfico, con armamento de última generación, en las zonas del VRAE y en el Huallaga.
La coordinación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tuvo inicialmente buenos resultados, pero los recientes asesinatos perpetrados contra nuestras fuerzas del orden son un campanazo para afinar estrategias.
Urge, entonces, modernizar el equipamiento y el armamento, así como lograr un trabajo unificado de los servicios de inteligencia, lamentablemente debilitados durante el gobierno de Alejandro Toledo en nombre de una errada política de derechos humanos.
Es también necesaria una mayor presencia y acercamiento del Estado en esos valles alejados, así como inversiones que beneficien a la población capturada por los intereses del narcotráfico.
Con la marcha prosenderista en San Marcos, las páginas web apologistas y las publicaciones de ideario violentista, está claro que los grupúsculos terroristas apuntan a un trabajo político para engatusar a una juventud que no tiene recuerdo de la insania criminal y la destrucción y miseria generadas por estos delincuentes a lo largo de los años 80 y principios de los 90.
Fue, precisamente, en las universidades, y hay que recordarlo, donde germinó el senderismo con una prédica marxista-leninista-maoísta que promovía el odio de clases y la destrucción del “Estado burgués” para refundaruna república gestada en la mente pérfida de Abimael Guzmán.
Estas ideas cautivaron a algunos desadaptados y desencadenaron una ola de crímenes sin precedentes, como lo evidencian los más de 60 mil muertos y desaparecidos que dejó la barbarie terrorista repelida por el Estado democrático, con tardanza y ciertos excesos en un escenario de guerra contra el Perú.
Recordar esto es fundamental, sobre todo para las autoridades y docentes de las universidades estatales.
En el caso de San Marcos resulta grave y peligroso que, como han denunciado algunos docentes y alumnos en los últimos días, el propio rector permita el resurgimiento de grupos prosenderistas, solo porque apoyan una agenda reeleccionista de las actuales autoridades universitarias.
Tal miopía cortoplacista sería terrible para San Marcos, para las universidades, para los estudiantes ajenos a estos hechos y, por supuesto, para el país. El rector Izquierdo está debilitando peligrosamente la legitimidad institucional de la autoridad universitaria.
No hay que confundir las cosas. Las universidades son repositorios de enseñanza, investigación y debate de ideas, pero dentro de las coordenadas de lo legal, lo científico y lo democrático.
Cuando se hace apología del terror, de la violencia y de los caudillos senderistas genocidas dentro de un claustro universitario, se cruza los límites de lo deseable y permisible dentro del Estado de derecho en que la gran mayoría de peruanos y peruanas aspira a vivir.