La minería ilegal, eufemísticamente llamada informal, le roba al Perú unos 600 millones de dólares anuales en impuestos y, además, «lava» cerca de 500 millones de dólares del narcotráfico. Es una mafia organizada, poderosa y multimillonaria que mueve 2 mil millones de dólares cada año, es decir el doble que los narcos.
La lacra de la minería ilegal se extiende sobre cerca del 2% del territorio nacional, devasta ecosistemas en costa, sierra y selva, y contamina con mercurio a niveles sin precedentes. Remediar estos pasivos ambientales tardará décadas y demandará un gasto de varios miles de millones. Si la gran minería formal generara un mínimo de daños similares, veríamos a políticos oportunistas, ONG en busca de financiamiento internacional, presidentes regionales en su imaginaria lucha épica y un sinfín de denunciantes. ¿Porqué nadie grita como en Conga, digamos?
Los mineros ilegales exportan la cuarta parte del oro peruano, a vista y paciencia de las autoridades, contaminan, depredan, se apoderan de recursos minerales que pertenecen a todos los peruanos, no tributan, no pagan canon, explotan laboralmente a niños y mujeres, crean polos de corrupción, prostitución y vicios, viven al margen de la ley y hasta imponen su propia ley.
Y todos los estamentos del gobierno se arrodillan ante los ilegales y ceden a sus chantajes. Hace pocas semanas, en el Congreso, más de un centenar de parlamentarios (o sea casi el pleno) votaron para que esa perversa actividad fuera excluida de la nueva ley contra el crimen organizado. ¡Como si no lo fuera!
Así las cosas, salta la pregunta ¿acaso tanta mano blanda se relaciona con los dos mil millones que mueven los mineros ilegales, o con el hecho de que esa actividad blanquee plata del narcotráfico?
La semana pasada el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, trató de desviar la atención con una muy mediática y visual «operación» en Madre de Dios. Muy publicitada, muy fotografiada, muy televisada, pero la minería ilegal ¡ay, sigue avanzando!
Se supondría que la señora Tania Quispe, jefa de la Sunat, debería interesarse en cobrar los 600 millones que roban los exportadores de oro ilegal. Pero su más reciente anuncio es que fiscalizará a grupos económicos.»[…] veremos qué empresas andan realizando procedimientos de reorganización de sociedades, y evaluaremos si son procesos que tienen una justificación económica», ha dicho. De lo otro, nada.
Frente a este desolador panorama, parecería que el gobierno sí encuentra una inexplicable «justificación económica» en la minería ilegal.
Algo debe estar pudriéndose porque algo aquí huele feo, muy feo.
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