La República. Ahora que la pequeña “guerra” entre la comuna metropolitana y un grupo de candidatos que creía tener derecho a colocar paneles publicitarios en cualquier parte ha concluido, solo queda dar la razón a la alcaldesa Susana Villarán en su firme postura de hacer respetar el principio de autoridad, los derechos de los vecinos y el ornato, pisoteados por políticos que creen en el todo vale.
Si el municipio no hubiera procedido al retiro de los paneles, es obvio que ninguno de los afectados se habría preocupado por negociar. Ahora los paneles le han sido devueltos y podrán reubicarlos, pero saben que existe una normativa vigente, con zonas rígidas y limitaciones de altura, tamaño y distancia que deberán cumplir. Algo muy distinto a cuando ponían paneles donde les venía en gana.
Hay que felicitar a la comuna por el acuerdo logrado, que al menos contribuirá a que en los próximos 40 días la propaganda política no ponga una cuota extra a la ya pavorosa pérdida del ornato como consecuencia de paneles publicitarios colocados en cualquier “punto visual” de la capital, que es la batalla de fondo a seguir, pues está demostrado que esas gigantescas torres de avisos colocadas a modo de caballete sobre pilares o columnas distraen a los choferes y originan accidentes.
Por ello, en otros países están prohibidas, y lo mismo anunció la anterior administración edil, pero las empresas publicitarias no se dieron por vencidas. Anunciaron que en adelante se concentrarían en los llamados paneles o vallas murales, que brotaron como hongos venenosos en miles de muros de la ciudad (“vallas donde vayas” es su inexorable lema), pero ninguna de las torres fue retirada.
El problema de fondo es que cualquier iniciativa vigorosa que se toma en favor del ornato y la descontaminación visual depende de la buena o mala voluntad de los 43 alcaldes distritales y del Poder Judicial. Los primeros otorgan las licencias; el segundo concede las acciones de amparo que dejan los paneles en el mismo lugar. Y no hay que olvidar que hablamos de un negocio concentrado en dos empresas que mueven US$ 60 millones al año.
Por eso cuando el ex alcalde de San Isidro proclamó a su distrito como el primero libre de contaminación visual, pronto recibió una demanda por US$ 20 millones. Es que había atentado contra un negocio que se vale de coimas y sobornos para salirse con la suya. Ojalá que nuestra activa alcaldesa no tema enfrentarlo, pues Lima no merece ese aspecto de mercado persa que ofrece sus casas, calles y avenidas, tomadas por el mal gusto y la arbitrariedad.