Al revisar el último mensaje presidencial desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, los analistas coinciden en señalar que, a pesar que se ha reconocido que constituye un grave problema que afecta las posibilidades de desarrollo del país, no se han hecho propuestas para mejorarla. Estamos oficialmente advertidos que, del gobierno central, no debemos esperar mucho en este último año.
¿Cómo así llegamos a la situación de inseguridad en que estamos actualmente?; ¿tenemos oportunidades de superar el problema?; ¿qué podemos exigir los ciudadanos ante este panorama? En primer lugar destacar ciertas constataciones:
1. La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.
2. Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.
3. El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.
4. A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.
5. De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.
Como en toda crisis, junto con los riesgos surgen oportunidades de ver la luz al final del túnel, destacando:
1. Los procesos electorales del 2010 y 2011, han puesto de manifiesto la importancia que los ciudadanos dan al tema de la seguridad y obliga a los aspirantes –a los gobiernos locales o a la presidencia de la república- a incluir este tema en sus mensajes y planes de gobierno.
2. Los candidatos a los gobiernos locales, sin excepción, han coincidido en la importancia de satisfacer las necesidades de seguridad de sus vecinos y ofrecen asumir el liderazgo en este tema.
3. Aún cuando la campaña presidencial no se inicia, es claro que la crisis de seguridad que hoy nos agobia obligará a incluir propuestas sobre cómo hacer viable el sistema nacional de seguridad ciudadana y qué hacer con la Policía Nacional para que recupere su eficiencia y la confianza ciudadana.
4. Ahora que nuestro país ha encontrado la senda del crecimiento económico la población empieza a ver la seguridad no como un gasto sino como una inversión que le va a permitir alcanzar su pleno desarrollo y progreso.
5. Existen esfuerzos –nacionales e internacionales- por identificar y sistematizar experiencias positivas en seguridad, lo que hace que no partamos desde cero al momento de diagnosticar el problema y diseñar propuestas. El incremento de la percepción de inseguridad aunado al temor y hartazgo de los ciudadanos afecta la racionalidad de sus decisiones llevándolos, en ocasiones, a apoyar propuestas demagógicas o autoritarias que, en el largo plazo, lo que hacen es agravar el problema.
Se hace necesario que antes de otorgar nuestra confianza a una determinada alternativa política, verifiquemos que cumplen con ciertas exigencias mínimas:
1. Quienes aspiren al gobierno central deben señalar el nivel que darán al sistema nacional de seguridad ciudadana, los recursos que asignarán para afrontar el problema, la distinción que harán entre las demandas de seguridad del estado y de la ciudadanía, así como las acciones que desarrollarán para mejorar las instituciones que intervienen, como por ejemplo la policía, el INPE, la Unidad de Investigación Financiera, las Procuradurías, DEVIDA y otras.
2. Los candidatos a gobiernos locales deben diagnosticar los problemas locales de seguridad y proponernos estrategias específicas para superarlos. Los ofrecimientos no deben referirse a decisiones que corresponden a otras instancias o instituciones del gobierno central o a temas a cargo de otros poderes del Estado.
3. Cualquier propuesta debe abordar de manera integral la problemática de la inseguridad ciudadana -desde prevención del delito hasta la rehabilitación de los infractores, pasando por la capacidad de reacción, la investigación del hecho y la sanción de los responsables, así como la atención a las víctimas-. También debe incluir lo que se piensa hacer para apoyar a las instituciones involucradas, definir los roles que les competen y asignarles responsabilidades y recursos.
4. No hay solución mágica ni un modelo único, cada país y cada localidad debe encontrar soluciones específicas a sus problemas. De nada sirve “copiar” o “importar” soluciones. Está comprobado que no da buenos resultados. Las propuestas deben abarcar el corto, medio y largo plazo y garantizar su continuidad y sostenibilidad.
5. Finalmente reiterar que cualquier propuesta debe indicar ¿qué intervenciones se van a realizar?; ¿quiénes son los responsables?; ¿en qué plazos?; ¿con qué recursos? y ¿cuáles son los resultados esperados? En tanto más cuidadosos seamos para analizar las propuestas y tomar nuestras decisiones, menos probabilidades tendremos de lamentarnos en el futuro.
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