El responsable del Área de Incidencia Legal del Instituto del Bien Común, Carlos Soria, consideró que no es válida ninguna de las observaciones realizadas por el Ejecutivo a las Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
“Lo que está haciendo el Ejecutivo es darse vuelta ante temas ya resueltos, esta clarísimo que no se está otorgando derecho al veto a las comunidades indígenas, ni con el Convenio 169, ni con el proceso de implementación del acuerdo. Lo que sí es obligatorio es la consulta por el consentimiento libre e informado”, explicó durante el programa Diálogo Ambiental de INFOREGIÓN.
En otro momento, Soria señaló que con estas observaciones el Estado está demostrando que no está interesado en requerir el consentimiento de la población y respetar sus decisiones. “Quienes dicen que esa necesidad de consentimiento trae retraso y afectaría las inversiones, no se dan cuenta de que las inversiones sí van a ser afectadas sin un proceso de consulta”, agregó.
Afirmó que son exageradas las declaraciones de algunas autoridades que señalaron que si se aprobaba la mencionada ley se ponía en riesgo la seguridad energética del país. “Esas son exageraciones propias de quienes no están acostumbrados a respetar los derechos humanos y creen que cualquier proceso de participación ciudadana es una demora inútil y una pérdida de tiempo”, expresó.
Subrayó que el Estado, a través de una legislación específica, debería aclarar los alcances del término interés nacional, en qué condiciones se utiliza este argumento “y cuál es el procedimiento para aprobar la norma que priorice ese interés nacional”.
“Mientras eso no se haga, estamos ante una manipulación política grosera de la población. Sabemos que con el argumento de que beneficiamos a todos, quienes se terminan beneficiando son quienes extraen los recursos, pero lo que se debe hacer primero es respetar la opinión de población”, precisó.
Explicó que con las observaciones del Ejecutivo a la mencionada ley se está ingresando al terreno político de la inestabilidad y la confrontación y anunció que, por ello, las comunidades indígenas recurrirán al respaldo de la opinión pública para hacer respetar su posición.
“Las organizaciones indígenas van a apelar a ese respaldo a través de manifestaciones y marchas pública y a la presencia en los medios de comunicación”, expresó.
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