El analista en temas de desarrollo Jaime García consideró que las acciones del Estado en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) no responden a un plan estructurado destinado a acabar con el narcotráfico y el terrorismo, así como a reducir los cultivos de hoja de coca ilegal en esa convulsionada parte del país.
«No hay hasta el día de hoy una estrategia económica y social que tenga como objetivo la reducción de los cultivos ilegales y el enfrentamiento a los problemas de Sendero y el narcotráfico», opinó el especialista en conversación con Diálogo Ciudadano, programa de INFOREGIÓN que se emite los fines de semana.
Al respecto, recordó que el Plan VRAE generó una gran expectativa con relación a la intervención del Estado en la zona, pero «en la práctica se ha visto que no ha habido el nivel de implementación de los distintos proyectos que se presentaron».
«Prueba de ello, es el tema de los profesores para cubrir las plazas docentes en que solo se ha podido cubrir una parte, el tema de la carretera Quinua – San Francisco que, al parecer, está trabada por la forma en que ya estaba anteriormente previsto su mantenimiento y no se logra entrar a su ejecución y asfaltado como todo el mundo estaba esperando», comentó.
«Uno va identificando una serie de aspectos en los que lamentablemente no se ha logrado una implementación efectiva», señaló al referir que «más allá de eso hay acciones puntuales por parte del Gobierno central, como entrega de computadoras y otros […] que son paliativos». «A eso no podríamos llamarlo nosotros como que forma parte de un Plan VRAE», consideró.
Por ello, propuso dotar de más recursos al Plan VRAE, encabezado por Fernán Valer, así como que el Ejecutivo establezca mecanismos para vigilar más directamente por el desarrollo de la zona. «Esto es algo que tiene que asumir el propio presidente del Consejo de Ministros, dando cuenta al Presidente de la República», recomendó.
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