El Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones, en reunión con la Defensoría del Pueblo de Ayacucho y diversas entidades sociales, acordaron exigir al gobierno central el cumplimiento inmediato de la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, que establece el plazo de conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas y la reanudación de las reparaciones económicas.
Fuentes del Consejo Regional de Reparaciones dijeron a INFOREGIÓN, que el Decreto Supremo, en su artículo primero, dispone el término del período de identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas, previsto por el artículo 41º del Reglamento de la Ley Nº 28592.
Dicha Ley, sostienen los funcionarios, sólo favorece a un sector de los afectados por la violencia política en Ayacucho, “más no a quienes aún siendo afectados, no se han inscrito debido a que ya concluyó el proceso de inscripción en diciembre del año pasado”.
Jorge Fernández Mavila, Defensor del Pueblo de Ayacucho, dijo a Diálogo Ciudadano, noticiero de INFOREGIÓN en el VRAE, que vienen mostrando su apoyo a la modificatoria del decreto supremo Nº 051 pues permite que las victimas que todavía no han regularizado su inscripción, lo hagan.
“Estamos haciendo el seguimiento sobre el plan integral de reparaciones para pedir la derogatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, ya que no se ajusta al Registros de Víctimas y a los porcentajes que se deberían asignan por reparaciones individuales”, manifestó Mavila.
Explicó además que los demandantes afirman que el proceso de identificación de víctimas, en la región, es el más alto del país, conforme a los establecido por la Comisión de la Verdad y otros organismos estatales y supranacionales. “No se culminó (el registro) por diversos factores, principalmente por la falta de capacidad operativa del Concejo de Reparaciones”, dijo el Defensor ayacuchano.
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