Las sugerencias y observaciones hechas por los presidentes regionales afectados por los decretos de urgencia 001 y 002-2011 serán evaluadas mañana miércoles en el Consejo de Ministros luego del cual se tomará una decisión en torno a ellos. Así lo anunció la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien resaltó que hayan concordado en la importancia determinante de la inversión privada.
Según explicó, en la reunión de ayer se discutió sobre la conveniencia de mantener los decretos de urgencia, modificarlos o reemplazarlos por una normativa que incluya otros aspectos como establecer bien qué tipo de proyectos deben ir incorporados en esta norma, integrar a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Pero además la pertinencia de considerar que los inversionistas no tengan que articular con los frentes regionales u ONGs, sino que esta misión sea cumplida directamente por los presidentes regionales.
Precisó que en el caso de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ha planteado la necesidad de implementar mecanismos de articulación permanente respecto a proyectos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, la conveniencia de la pre publicación de las normas para recoger las opiniones, y la necesidad de legislar conociendo las implicancias sociales.
De otro lado, rechazó que haya intervenido en el proceso que se le sigue a la familia Sánchez Paredes, por narcotráfico, tal como lo denunció Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes.
Mencionó que la titularidad de la acción la tiene el Ministerio Público.
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