El Consejo de la Prensa Peruana pidió al Congreso de la República que archive el proyecto de ley mordaza presentado ayer por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa busca que se castigue con hasta cuatro años de cárcel a jueces, fiscales, abogados o policías que difundan a periodistas información fiscal reservada sobre casos penales.
De esta manera, la ciudadanía no podrá conocer, a través de los medios de comunicación, las investigaciones fiscales que se siguen por casos de corrupción, entre ellos Lava Jato, Los Cuellos Blancos y, últimamente, los relacionados al presidente Pedro Castillo y su entorno. Un gobierno investigado por presuntos casos de corrupción quiere evitar que la ciudadanía esté informada al respecto.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha sostenido que este proyecto de ley podría implicar que los periodistas sean considerados instigadores o cómplices del delito. Para la Defensoría del Pueblo, es “irrazonable” y un “riesgo sobre la libertad de información”.
Asimismo, el abogado Andrés Calderón, especialista en libertades informativas, ha señalado que la iniciativa “presume que toda información sobre un proceso penal deba ser secreta, cuando la regla debe ser la publicidad conforme a la Constitución, y la reserva es la excepción”.
Si el Congreso aprobara este proyecto de ley, o cualquier otro de similar contenido, estaría blindando al presidente y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por la fiscalía, consideró el Consejo de la Prensa Peruana.