Representantes del Congreso y de organismos ambientalistas criticaron duramente el borrador del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre publicado en la página web del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, y demandaron la derogación de dicha ley (Decreto Legislativo Nº 1090) por amenazar la integridad de los bosques del país.
En un comunicado, congresistas y miembros del Colectivo Forestal, Capítulo Forestal Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria la Molina y del Gobierno Regional de Junín, dijeron que esta ley es dañina porque promueve el cambio de uso del patrimonio forestal al régimen agrario, se opone al TLC y es inconstitucional.
El Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (CAAAAEC), Roger Nájar, anunció que su Comisión hará el 16 de setiembre una Audiencia Pública Forestal para evaluar la consistencia del DL Nº 1090 en función al desarrollo sostenible del país y agregó que en el Congreso existe un proyecto de ley para la derogatoria del DL 1090, otro para modificarlo y su Comisión está preparando un proyecto de ley alternativo.
Nájar agregó que “el DL Nº 1090 es una forma encubierta de aprobar la Ley de la Selva que ya el Congreso había rechazado”, y dijo que la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional del Centro y los Obispos Amazónicos también cuestionan la legitimidad y el modelo que se busca implementar con el decreto.
Por su parte, la congresista Yaneth Cajahuanca sostuvo que el Congreso se está poniendo a la vanguardia en este tema para evitar futuros conflictos sociales y que «todos estamos de acuerdo con la inversión privada pero regulada, no desmedida como quiere el Ejecutivo”, y agregó que el DL Nº 1090 es un atentando contra las comunidades y el patrimonio forestal.
Sandro Chávez, del Colectivo Forestal mencionó que se ha presentado una acción de queja ante la Defensoría del Pueblo y que el CIP presentará en los próximos días una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Denunció que los actores del sector forestal han sido excluidos del proceso de elaboración de la norma, que además pone en riesgo que el TLC entre en vigencia al alejarse de los compromisos asumidos por el Gobierno en la Adenda Forestal.
Carlos Rincón, presidente del Capítulo Forestal del CIP, informó que la norma es inconstitucional, atenta contra el patrimonio forestal, genera falta de transparencia en el acceso al bosque y elimina la participación de los actores de la sociedad civil en la gobernabilidad del sector forestal en el país.
Iván Lanegra, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno Regional de Junín, criticó que las competencias de estas normas se centren a nivel de la autoridad forestal nacional y exclusivamente en el Ministerio de Agricultura, dejando de lado a la sociedad civil, otros sectores del Estado y a los Gobiernos Regionales.
Carlos Llerena, representante de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, explicó que su institución cuestiona el artículo 2 del DL Nº 1090 pues cercena una parte fundamental del recurso forestal al dejar fuera de esta definición a las plantaciones y a las tierras cuya capacidad de uso mayor es de producción forestal.
«Esto nos coloca como país de otro planeta, pues el resto del mundo tiene esta definición clara» afirmó. La preocupación es que esta omisión puede generar la deforestación de extensas superficies boscosas para dedicarlas a otros fines.