En un país tan diverso y pluricultural como el Perú, es muy difícil ejecutar políticas en las que todo el mundo esté de acuerdo. Es así como surgen los conflictos sociales ante ciertos temas que involucran el presente y futuro de la población. Estos desacuerdos son tan antiguos como la historia misma, pero que no necesariamente deberían ser entendidos como negativos, sino como vectores hacia posibles soluciones que lleven al diálogo.
Sin embargo, no se puede negar que dichos conflictos también pueden terminar en situaciones negativas, como lo es la violencia, hecho que según Luis Alvarado, representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, «es la consecuencia de que dicho diálogo no ha sido el más óptimo para alguna de las partes involucradas».
En el Perú, la mayoría de esos conflictos son de tipo socioambiental. Es decir, existe la necesidad de determinar qué acciones y qué medidas tomar frente al uso de los recursos naturales. Incluso a la destrucción o afectación de esos mimos recursos. Hasta noviembre del 2022, se han registrado 221 conflictos sociales, y más del 80% de ellos han sido de tipo socioambiental. Por ello, INFOREGIÓN repasa algunos de los principales conflictos socioambientales que han ocurrido el pasado año.
Loreto: Los derrames de crudo y su desatención
“Esta es la realidad del Datem [del Marañón, provincia de Loreto]” comenta la socióloga y presidenta del Gobierno Autónomo del Pueblo Chapra, Olivia Bisa, quien conversó con este medio mientras la señal telefónica y de internet no permitía la óptima comunicación.
A fines del 2022, la voz de Olivia vuelve a cobrar relevancia en la escena nacional debido a un nuevo derrame de petróleo ocurrido el 10 de septiembre a la altura del kilómetro 117 del Oleoducto Norperuano (Loreto) impactando a cinco comunidades Chapra (200 a 250 personas). Por esos días, ella viajó a Lima, junto con otros representantes, para exigir ser escuchada, pues advertía que Petroperú, empresa responsable del derrame, no estaba atendiendo las demandas de su pueblo.
Hace solo cuatro días, fecha en la que todos esperan estar reunidos en familia y celebrar el año nuevo, la presidenta del pueblo Chapra se encontraba en la ciudad de Lima, tratando nuevamente que la empresa mencionada inicie, de una vez por todas, los procesos de remediación ambiental de la zona afectada.
A cuatro meses de este suceso, el riesgo en la comunidad de Chapra sigue latente, pues su principal fuente de agua, el río Morona, el cual es utilizado por 104 comunidades, aún está lejos de ser saludable para la población. En ese entonces, el expresidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, afirmó que los derrames de petróleo ocurridos en la región loretana habían sido en su mayoría por cortes y que la empresa no tenía una buena situación económica para poder afrontar dichas emergencias.
Sin embargo, reconoció que el derrame producido en el km 177, en territorio Chapra, sí fue producido por la corrosión del ducto. Asimismo, la empresa nacional se comprometió a ingresar a la zona afectada a partir del 20 de octubre (2022) para realizar los trabajos de contención del derrame de crudo. Hasta la fecha eso no ha ocurrido.
Por su parte, en un comunicado difundido por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), comunidad también afectada por el derrame de petróleo, se reportaba la falta de atención que se le venía dando a este problema. «Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que constantemente las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias», reclamaba la comunidad.
“Hemos llamado por todos los medios a @petroperu_sa que venga a poner un muro de contención para que el petróleo no se expanda más. La quebrada donde cae el crudo es la que alimenta a la cocha de la cual se alimenta la comunidad”, Olivia Bisa, presidenta Chapra #LimpiaTusDerrames pic.twitter.com/jsAlylClVs
— Cuencas Sagradas (@CuencasSagradas) September 29, 2022
Al derrame de petróleo mencionado se suman dos más. El segundo sucedió el pasado 16 de septiembre en la comunidad de Cuninico, lugar que en el 2014 ya había sufrido una gran devastación por una fuga de 2500 barriles del mismo oleoducto norperuano. El tercero fue detectado el 21 de ese mismo mes en una zona colectora de fluidos del lote petrolero 192, llamada Batería Shiviyacu. Es un lugar ubicado en la comunidad del pueblo Achuar José Olaya. El 22 de octubre se detectó otro derrame que contaminó el río Wawiko en la provincia de Bagua, Amazonas, el cual perjudicaba a unas 15 poblaciones.
«Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que constantemente las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias»
-Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW)
En tanto, el 20 de septiembre la Defensoría del Pueblo advirtió que las barreras de contención instaladas por Petroperú S.A. en el río Marañón no fueron capaces de contener el desplazamiento del petróleo; además de la falta de atención, las acciones fueron “tardías e insuficientes para contener el desplazamiento del petróleo”.
INFOREGIÓN conversó con Petroperú para conocer los motivos por los cuáles no se atendían las demandas de la población Wampis y Chapra, ellos señalan que existe el impedimento por parte de las comunidades para dejarlos acceder y así atender los procesos de premediación.
“A la fecha, los trabajos de recuperación de crudo, entre otras acciones operativas, necesarios para continuar con la atención del derrame, no se pueden llevar a cabo porque las autoridades de las comunidades nativas están desconociendo el acuerdo suscrito en la reunión del 13 de octubre en Lima. Están exigiendo el pago de un jornal diario que se encuentra alejado de la práctica corporativa de pagos de jornales a trabajadores de mano de obra local de comunidades nativas. Se ha solicitado al Viceministerio de Interculturalidad su intervención con las autoridades y las comunidades involucradas y se nos permita continuar, de inmediato, con las acciones operativas pendientes”, comentó para este medio Carlos Vega de Petroperú.
No obstante, Olivia comenta estar en desacuerdo con las afirmaciones de la empresa petrolera, pues afirma que han existido tres acuerdos que hasta la fecha la compañía no cumplió. “El primer acuerdo que se hizo el 27 de septiembre, Petroperú lo desconoció. Después, el 13 de octubre, nosotros tuvimos que hacer ‘roche’ y venir a Lima para que ellos cumplan nuestras demandas. Tampoco se cumplieron. Hubo otro acuerdo el 29 de octubre. Ese tampoco se ha cumplido. Estamos esperando respetuosamente que se le dé la gana a Petroperú de atendernos, pero ellos son expertos en poner excusas”, enfatizó.
Luego de diversos acuerdos no cumplidos, el 24 de octubre del año pasado, tres trabajadores de Petroperú, junto al ciudadano que los trasladó a la zona de la contingencia del kilómetro 177 del ramal norte del Oleoducto Norperuano (ONP), fueron retenidos por la comunidad nativa Shoroya Nuevo. El acto que fue catalogado como una violación a los derechos humanos básicos de libertad y libre tránsito. Luego de seis días, estas cuatro personas fueron liberadas.
“En la cuenca de Morona, no había mucha aceptación a las empresas de hidrocarburos, pero con este problema que ha ocurrido, 80 de las 104 comunidades no quieren saber nada de empresas petroleras. No queremos que ni el Estado venga a hacer una consulta previa”, enfatiza Olivia Bisa.
Desde la Defensoría del Pueblo, Alvarado sostiene que se ha exhortado al Poder Ejecutivo a que junto con la empresa privada tomen acciones para brindar apoyo a las comunidades de Chapra (conformadas por tres organizaciones: Fecham, Fechamsep y Orchasim), además, de iniciar los procesos de remediación lo más pronto posible.
Es así como el cálido, húmedo y lluvioso Loreto es la región que posee la mayor cantidad de conflictos sociales. Un dato que no se debe perder de vista pues conserva ese puesto desde hace varios meses. Solo en noviembre del año pasado, se han registrado 30 conflictos sociales en esa región y 17 de ellos son del tipo socioambiental.
Según el informe titulado la Sombra del Petróleo, en el Perú, los lotes hidrocarburíferos han afectado el territorio de 41 de los 65 pueblos indígenas del país a lo largo de nuestra historia. En estos territorios, en los últimos cinco años, se han registrado más de cien derrames provenientes de las actividades extractivas petroleras.
En los últimos 24 años, entre 1997 y marzo del 2021, han ocurrido más de 1000 derrames de petróleo en todo el Perú. «Comemos plátano, incluso algunos se arriesgan a comer los peces del río. Pero lo que algunos hacían era comer animales de tierra, pero recientemente hemos encontrado que ellos también se han muerto por el petróleo», finaliza enfática Olivia Bisa.
Cusco: Lo que deja el sector minero
El corredor minero del sur, utilizado principalmente por las empresas Las Bambas, Hudbay y Antapaccay —filial de Glencore, es también un constante foco de conflictos sociales. Este recorre las provincias de Cotabambas en la región Apurímac, y de Espinar y Chumbivilcas en la región Cusco. Esta última es la segunda región del Perú con mayor conflictividad (en tercer, cuarto y quinto lugar se encuentran Apurímac, Áncash y Puno, respectivamente).
De los 140 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante el mes de noviembre del 2022, el 67.1% (94 casos) corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera, seguida por las actividades hidrocarburíferas (27 casos).
Ver también: Vraem: Cultivo ilegal de hoja de coca sigue poniendo en riesgo al pueblo Asháninka
Como es de conocimiento público, el corredor minero del sur atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas: 12 de ellas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac), 24 en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y una en Caylloma (Arequipa). A pesar de ello, desde los últimos 15 años, los conflictos en este corredor se han intensificado. Las discrepancias entre las comunidades quechuas, el gobierno y las empresas parecen de nunca acabar. Solo en setiembre, octubre y noviembre del pasado año, se reportaron bloqueos de carreteras en estas zonas del país.
A estas diferencias se le suman las diversas denuncias de contaminación que desde hace seis años (2016) reclaman las distintas comunidades. Unas 20 de ellas reclaman que se recategoricen seis tramos de la carretera que antes eran vías comunales y departamentales, pero que se convirtieron en vías nacionales a pedido de los gobiernos regionales, lo que terminó en su incorporación al conocido corredor minero.
“Todos los días, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, pasan los camiones que nos contaminan. Son 14 kilómetros del corredor en nuestra comunidad y más de 160 familias afectadas”, comentaba Sixto Huamaní Castro, presidente de la comunidad quechua de Huininquiri, provincia de Chumbivilcas (Cusco) para el medio OjoPúblico.
El corredor minero del sur fue inicialmente un sendero que unía caminos comunales, distritales y regionales en Cusco, Apurímac y Arequipa, pero en el año 2016 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo 011-2016 para convertir esta red en una vía nacional. Dos años después se publicó la Resolución Ministerial 372-2018-MTC, que reclasificó seis tramos de las vías comunales del Cusco y Apurímac.
Lo que ocurrió es que por esos años, la empresa Las Bambas, modificó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que el traslado del cobre ya no se realizara por un mineroducto cerrado, sino por carretera. Es desde ese momento que los conflictos no han terminado. Pues existe el problema del no reconocimiento por el uso de tierras por parte de las comunidades, quienes exigen compensaciones e indemnizaciones por la contaminación de la empresa desde el 2014.
Uno de los conflictos provocados por el sector minero este año fue el paro organizado por las 11 comunidades de la zona influencia de la mina Antapaccay de Glencore. Desde el 14 de setiembre del año pasado, diferentes piquetes bloquearon los accesos de la empresa. Según el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros, este y otros paros realizados ese año se deben al impacto social y ambiental del transporte de minerales, para el que se utilizan cerca de 350 camiones que transitan diariamente, así como al proceso de saneamiento de terrenos de comunidades por donde se construyó esta carretera.
La mina Antapaccay, operada por la transnacional suiza, ha estado involucrada en diversos reclamos hechos por las comunidades de Espinar (Cusco), quienes desde el 2012 solicitan atención médica por la presencia de metales tóxicos en el ambiente. Pues otra de las razonas por las cuales las personas de la región cusqueña protestan en contra de las empresas mineras es por la calidad del agua.
Como es sabido, las minas del Perú a menudo se encuentran en las cabeceras de las cuencas altoandinas. Esto trae como consecuencia que las descargas de metales pesados que fluyen hacía los valles de abajo, pongan en riesgo la calidad de vida de las poblaciones aledañas.
Según un informe realizado por entidades participantes del Monitoreo Sanitario Ambiental, como el Ministerio del Ambiete (Minam), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), entre otras, se concluyó que, de 313 puntos analizados en 19 comunidades de influencia minera, en 165 se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en agua superficial, en agua para consumo humano, en suelo y aire.
Aunque en enero del 2021, la Sala Mixta Descentralizada de Canchis, del Juzgado Civil de Espinar ordenó que el Ministerio de Salud (Minsa) y otras entidades estatales diseñen una estrategia de salud pública de emergencia para atender a la población afectada por metales tóxicos, la realidad es que los conflictos están lejos de terminar.
Como se sabe, Cusco es una de las principales regiones productoras de cobre, ubicándose en la quinta posición a nivel nacional. En ese sentido, la empresa Las Bambas, que tiene entre sus principales productos la exportación del cobre, provoca el mayor número de conflictos en el Cusco y también aporta aproximadamente el 1% del PBI nacional.
En tanto, el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) ha señalado que el corredor minero vive una situación de “conflictividad permanente”, pues el enfoque de resolución de conflictos mediante mesas de diálogo no ha abordado de forma óptima las agendas que las localidades del sur andino tienen hasta el momento.
¿Habrá más diálogo?
¿Se imaginan tener que comer peces que han sido contaminados con petróleo o beber agua que podría contener metales tóxicos? En un país como el Perú, tan rico y biodiverso, hasta fines del siglo pasado no se había mostrado el interés por atender el problema de la contaminación del medio ambiente. A la fecha han habido avances, pero sin ser pesimistas, aún hay mucho por hacer.
Según diversos especialistas, se sostiene que el origen de estos conflictos sociales se debe a la incoherencia del llamado desarrollo que proponen algunas empresas trasnacionales, pues los pueblos aledaños en donde se instalan dichas compañías no ven traducido ni el beneficio económico ni el progreso prometido en sus respectivas comunidades.
🔴 Pobladores de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) llegan a instalaciones de Las Bambas y bloquean el acceso al estacionamiento donde están los encapsulados del Corredor Minero. Fuerzas del orden resguardan las instalaciones. pic.twitter.com/LhL6jOWsPS
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) December 14, 2022
Si bien un reporte del Banco Central de Reserva (BCR) muestra que nuestro país ha tenido un crecimiento continuo durante los últimos diez años, hay todavía un sector de la población que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, la cual no percibe que su calidad de vida haya mejorado substancialmente.
A las protestas socioambientales también se le suma la anunciada Marcha de los Cuatro Suyos en Lima, para exigir cierre del Congreso. En ese sentido, según el representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, este año no pronostica ser mejor que el anterior en relación a conflictos sociales. «El Estado junto con las empresas deben tomar acciones para frenar los conflictos, desde la Defensoría del Pueblo también rechazamos cualquier tipo de violencia. Tanto de la ciudadanía como las fuerzas del orden».
Sin duda el 2022 nos deja como reflexión tomar en cuenta las acciones que debería tomar el Estado para la atención de los conflictos sociales. Además, se debe tener en cuenta la responsabilidad de las empresas en el origen de algunos conflictos sociales. El diálogo también debe estar acompañado de soluciones concretas.
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