Cuando los gobiernos no respetan los derechos de las poblaciones y lo hacen de forma reiterada, entonces el estado se configura como el principal agitador social en el país, señaló en INFOREGIÓN la directora de la ONG Racimos de Unguray, Lily la Torre.
«Si un estado no actúa en concordancia con sus obligaciones de tutelar por los derechos de la ciudadanía, de la gente y hacer que las actividades económicas estén basadas en el respeto a los derechos individuales, colectivos, ambientales y a la sostenibilidad del recurso a largo plazo, la gente va a protestar», precisó.
Al respecto, detalló que el conflicto con el gobierno central se genera cuando este no coordina con las autoridades regionales ni locales y menos con la población para tomar decisiones vinculadas a la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.
La Torre dijo que en estas decisiones debe ponerse en balance tanto los intereses para el desarrollo de la extracción hidrocarburífera como los de la población que habita en esos lugares.
«Seguro (los pobladores) también quieren oportunidades de trabajo pero además que los bosques amazónicos, el agua y los recursos naturales sirvan para el desarrollo y el respeto al medio ambiente. Lo que llaman el desarrollo sostenible», opinó la especialistas.
Recordó que la consulta a los pueblos para la toma de estas decisiones se encuentra consagrada en el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita en 1993. No obstante, aseveró que esta norma no se cumple en nuestro país.
Por ello, la directora de la referida ONG invocó al gobierno a respetar esta disposición para acabar con las malas prácticas ambientales aplicando normas estándares, al tiempo que mostró su expectativa en que el ministerio del Ambiente vele por su cumplimiento.
«No merecemos un país en que los recursos forestales se regalen de esa manera, y encima de eso nos dejen basura, contaminación e insalubridad», puntualizó
