El director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, indicó que los conflictos generados por el proyecto hidroeléctrico de Inambari deja lecciones para fortalecer la gobernanza en el país. Cabe resaltar, que la concesión fue declarada extinguida por el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la población afectada.
“La primera lección es la necesidad de involucrar a las poblaciones que van a ser directamente afectadas por los proyectos de inversión durante la planificación del sector”. Como se sabe, en muchos casos, el sector minero energético promueve la inversión privada sin tomar en cuenta los aspectos socioambientales que poseen las poblaciones locales.
Gamboa indicó que para reforzar la planificación sectorial es necesario que el Congreso de la República discuta la modificación del marco político y legal para permitir a los gobiernos regionales decidir sobre el otorgamiento de los derechos sobre los recursos naturales que existan en sus territorios.
“La segunda lección se relaciona con los instrumentos de gestión ambiental, como el ordenamiento territorial, que permitirá conjugar las visiones de desarrollo locales y regionales con la nacional”, indicó.
Consulta clave
Agregó que el objetivo es evitar que los proyectos de desarrollo que le han costado millones de soles al tesoro público sean trasplantados por otros proyectos.
El director de DAR indicó que el reconocimiento del derecho a la consulta es clave, ya que el proyecto Inambari desplazaría a más de 3 mil personas y sus medios de vida. Sin embargo, la legislación nacional sobre desplazamientos internos señala que para proyectos de gran escala es necesario que se recabe el consentimiento, libre, previo e informado de la población.
“Los instrumentos como la valoración económica de los bienes y servicios ambientales son necesarios analizarlos para determinar el costo-beneficio del proyecto y ponderar sus impactos sobre áreas ecológicamente sensibles como la cuenca del Inambari”, precisó el especialista.
Al finalizar, César Gamboa explicó que urge promover una planificación energética participativa, involucrar a los gobiernos regionales, dar carácter vinculante a los instrumentos de valoración económica de bienes y servicios ambientales y al ordenamiento territorial y respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones.