(Publicada el 30/12/07)El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que efectivos del Ejército brasileño y personal del IBAMA (organismo de control forestal y del medio ambiente de Brasil) ingresaron a territorio peruano y detuvieron ilegalmente a indígenas del distrito de Yurúa, ubicado en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, en hecho ocurrido entre el 20 y el 21 de julio del presente año, bajo la falsa acusación de estar realizando tala ilegal.
El canciller de la República, José Antonio García Belaunde, ha señalado en un documento elaborado por su despacho que “teniendo en cuenta todos los elementos examinados, se ha constatado que efectivos militares brasileños y personal del IBAMA estuvieron presentes en territorio peruano, al sur de la línea de la frontera entre los hitos 37 y 40, durante los días 20 y 21 de julio de 2007 y que las detenciones denunciadas tuvieron lugar efectivamente en nuestro territorio”.
En dicho documento, que se encuentra en manos de la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Mercedes Cabanillas Bustamante, el Canciller peruano añade que los vestigios con la inscripción “Exército Brasileiro” encontrados en las inmediaciones de las áreas donde ocurrieron los hechos denunciados contribuyen a verificar las declaraciones de los testigos que denunciaron la presencia de efectivos del Ejército de Brasil en el territorio nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores resalta la participación en la investigación de los ministerios de Defensa, del Interior, de la Policía Nacional del Perú y del sector Agricultura, por medio del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
Finalmente, García Belaunde sostuvo en el documento, que hizo llegar una nota diplomática a la embajada del Brasil para dejar constancia de la preocupación del gobierno del Perú por la ilegal detención de los ciudadanos peruanos.
Los hechos
La invasión de territorio peruano, destrucción del campamento y secuestro de trabajadores por parte del ejercito brasileño y del personal de IBAMA fue denunciada por los comuneros de Sahuaho y Azuaya en Atalaya, Ucayali, y por la empresa forestal Venao.
Herbert Frey, ingeniero y gerente de dicha empresa forestal denunció en Inforegión la incursión violenta del Ejército del vecino país en el campamento de su empresa, distante a 4 kilómetros de la frontera y que opera legalmente concesiones forestales en las comunidades Sahuaho y Shahuaya, colectividades que no sólo tienen sus títulos y papeles de propiedad en regla, sino que, además, son las primeras comunidades nativas del país que han logrado certificación internacional por el manejo sostenible que realizan en sus bosques, un punto básico en el recién firmado Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Desde ese día, ingenieros y comuneros acudieron a todas las instancias de Gobierno para denunciar el hecho y obtener una posición firme del Estado.