Confían que entrega de DNI a población adulta mejorará acceso a derechos de miles de personas

La Defensoría del Pueblo confía que el acceso al Documento Nacional de Identidad, DNI, que tendrán en los próximos dos años todos los ciudadanos adultos del Perú, traerá consigo una mejora en el acceso a los derechos civiles de miles de personas.


Así lo señaló Susana Silva, adjunta para la administración estatal de la institución defensorial quien saludó el anuncio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC,  de emprender la meta de otorgar DNI a todos los peruanos mayores de 18 años, en un período de dos años. 


«Nosotros (la Defensoría) hemos estado siempre muy vigilantes supervisando la labor que realiza el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y tenemos que felicitar la labor que han decidido emprender y asumir el compromiso de entregar el DNI al 100 por ciento de la población adulta», resaltó.
 
Más de 500 mil peruanos carecen de DNI
 
Silva indicó, en otro momento, que la importancia de la labor que realizará el RENIEC radica en la gran cantidad de personas indocumentadas que existe actualmente en el Perú.
 
Recordó al respecto que, el año pasado, la Defensoría del Pueblo elaboró y emitió un informe referido a la situación de los registros civiles siniestrados por efectos de la violencia política.


Dijo que esto permitió determinar que existen más de 500 mil personas que en algún momento se vieron afectadas por la destrucción de sus partidas de nacimiento.
 
«Esto ha ameritado de parte de la Defensoría recomendaciones muy puntuales a RENIEC a fin de que se modifique la ley que regula la forma en que el estado debe responder para resguardar el derecho a la identidad de los ciudadanos», señaló.
 
Agregó que dichas recomendaciones fueron recogidas por un proyecto de ley que espera su discusión en el pleno del Congreso que permitirá a los ciudadanos recobrar su inscripción en los registros civiles sin tener que probar la existencia previa de su partida de nacimiento, tal como lo exige la actual normativa.
 
«No es un procedimiento muy amable porque si la partida no existe por años, es muy difícil que ellos puedan probar que estuvieron registrados en el registro civil donde lo estuvieron o donde ellos dicen haberlo estado», reflexionó.