La sentencia de 25 años de prisión contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por los delitos de asesinato por alevosía, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, emitida hoy por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que preside César San Martín, fortalece el proceso democrático del Perú y consolida la lucha contra la impunidad en América Latina, aseguró el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
“El juicio y el fallo son un ejemplo para el mundo de cómo las instituciones judiciales nacionales, cuando actúan con independencia y respetando todas las garantías del debido proceso, pueden hacer justicia en casos que involucran a un ex jefe de estado. La solidez de los argumentos señalados por el alto tribunal y la ponderada actitud de las instituciones nacionales, señala un derrotero para otras latitudes”, aseguró Juan Méndez, presidente del ICTJ.
Alberto Fujimori fue condenado tras ser hallado responsable, como autor mediato, de hechos calificados como “crímenes de estado” y “crímenes de lesa humanidad”. De conformidad con lo señalado por la Corte, estos crímenes fueron realizados en el marco de un aparato organizado de poder cuya dirección, mando y autoridad estaba a su cargo.
El Tribunal consideró que los hechos atribuidos a Fujimori formaron parte de una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos expresada, en los casos materia de la sentencia, en operaciones especiales de inteligencia. Para la determinación de la pena, se consideró la gravedad de los hechos y la posición de poder de Fujimori
Destacan labor de Sala Penal Especial
El ICTJ contribuyó al desarrollo del proceso en su calidad de organización observadora. A partir del examen cercano del juicio, destaca la intachable conducta del tribunal, al tiempo que relieva la amplia participación de todos los actores, particularmente de las víctimas, en el desarrollo del proceso.
“Esto es un reconocimiento directo al sufrimiento de las víctimas y a la labor valiente de la sociedad civil peruana, que han logrado impulsar la lucha por los derechos humanos en Perú”, aseguró Méndez.
La sentencia será apelada por la defensa de Fujimori. Esta apelación será revisada por otra sala de la Corte Suprema, integrada por cinco magistrados.
El ICTJ resalta que el juicio a Fujimori, que duró 16 meses y abarcó alrededor de 160 sesiones, se realizó con todas las garantías del debido proceso. El tribunal recibió múltiples testimonios y analizó abundante evidencia documental entregada por peritos y expertos, los alegatos de la defensa fueron ampliamente explicados y escuchados en 13 sesiones, y las víctimas, alrededor de 100, tuvieron la oportunidad de intervenir.