Cerca de 29 comunidades del distrito de Ayna San Francisco, que fueron afectadas durante la época de la violencia política, serán acreditadas para que puedan recibir reparaciones colectivas según informó la secretaría técnica de la Coordinadora Provincial de Reconciliación Nacional de la Provincia de La Mar, Irene Avendaño.
En conversación con INFOREGIÓN, Avendaño señaló que muchas comunidades que fueron castigadas durante la guerra interna, desatada por Sendero Luminoso, no tienen acceso aún a las reparaciones colectivas por parte del Estado.
En ese sentido, hizo un llamado a los representantes de las comunidades del distrito de Ayna San Francisco a recoger sus acreditaciones en el auditorio de la comuna.
Precisó que se espera iniciar los trámites y viabilizar proyectos hasta por un monto de 100 mil nuevos soles, al igual que los realizados en otras comunidades.
Pago discriminatorio
En otro momento, Irene Avendaño se mostró mortificada por el Decreto Supremo 051, que establece el inicio de las reparaciones económicas individuales de las víctimas del terrorismo con el pago de indemnizaciones de 10 mil nuevos soles y tras considerar discriminatorio dicho monto, exigió su inmediata derogatoria.
“Como afectada, durante la violencia política, debo expresar mi más profundo malestar por el decreto supremo que emitió el gobierno aprista al concluir su mandato, ya que no se tomó en cuenta los acuerdos que sostuvimos las organizaciones de afectados con los representantes del Gobierno”, indicó Avendaño Huachaca.
Señaló que en los próximos días, las organizaciones de afectados iniciarán movilizaciones y reclamos a fin de que el Gobierno del presidente Ollanta Humala pueda revisar el cuestionado decreto.
Expresó que a la fecha, por falta de conocimiento, muchas personas afectadas durante la época de la violencia aún no se encuentran inscritas en el registro único de victimas y alertó que esta situación imposibilitará su resarcimiento.
Cabe recordar que por disposición gubernamental el registro único de víctimas solo funcionará hasta diciembre de este año, aún cuando la ley del Plan Integral de Reparaciones establece que el registro es permanente.
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